Este mismo lunes se ha hecho público el acuerdo entre el PSOE y EH Bildu para la prórroga, por séptimo año consecutivo, del llamado "escudo social" aprobado en el año 2020. Entre las medidas que se incluyen en este acuerdo está la que tiene que ver con "la prohibición de los desahucios a familias vulnerables", una norma que ha sido aprovechada por muchos inquilinos (convertidos en inquiokupas) para dejar de pagar el alquiler sin consecuencia alguna.
Dicho acuerdo, que será aprobado de forma inminente en el Consejo de Ministros, ha provocado la indignación de la mayor asociación de personas afectadas por la ocupación, como es la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación (PAO), que ha expresado así su desacuerdo:
"Como representantes de los ciudadanos afectados, declaramos que no aceptamos ningún decreto que no haya sido convenido con los afectados, principales perjudicados por estas medidas al ser obligados a mantener a familias vulnerables que el decreto no protege y a miles de inquiocupas que se aprovechan de esta medida".
A través de la cuenta de X (Twitter) de la PAO, su portavoz Ricardo Bravo ha criticado este acuerdo y ha recordado las nefastas consecuencias que ha tenido esta medida en los últimos años:
NO al acuerdo @PSOE - @ehbildu para aprobar por 7° año el decreto del "escudo social" con 0€ de coste para el gobierno.
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) December 22, 2025
El decreto:
✅️ Causa la INQUIOKUPACIÓN
✅️ Hunde a familias q mantienen a vulnerables e inquiocupas y les pagan hasta los suministros #FindelDecretoOkupa pic.twitter.com/3j2bL9BNlf
Desde la PAO recuerdan al Gobierno que "la medida que se aprueba por séptimo año consecutivo, planteada inicialmente como medida provisional para hacer frente a la crisis del COVID-19, se vuelve a acordar pese a que como marca el decreto, el gobierno no se ha hecho responsable de las familias vulnerables durante los 6 años de ejecución. La falta de vivienda social, así como la falta de dotación presupuestaria vinculada al decreto, hace que las administraciones públicas hayan derivado su responsabilidad de ofrecer recursos habitacionales a familias vulnerables hacia los pequeños tenedores."
A pesar de que grupos parlamentarios como el mismo EH Bildu basan su apoyo a estas medidas en base a que la ocupación solo afectaría a fondos buitres y bancos, desde esta asociación inciden en que "la oferta del mercado del alquiler en España está constituida por un 93,4% de viviendas que pertenecen a familias con una única vivienda en alquiler. En ningún caso se trata de un mercado en manos de grandes tenedores o fondos de inversión, por lo que la paralización de desahucios y la dejación de funciones del gobierno volverían a asfixiar a miles de familias que por decreto se ven obligadas a mantener a las familias vulnerables."
La inseguridad jurídica seguirá creciendo
"La inseguridad jurídica que vive actualmente el mercado del alquiler seguirá tensionado, ya que el gobierno se limita a "congelar" la situación (suspender el desahucio) en lugar de dar una solución habitacional alternativa. Al no haber una inversión real en vivienda pública o partidas directas de servicios sociales, el propietario se convierte en un "asistente social forzoso" sin tener las facultades ni los recursos para ello, lo que propiciará que los pequeños tenedores sigan retirando sus activos del mercado por miedo a la inquiocupación, disminuyendo aún más la oferta y aumentando los precios", señalan desde esta plataforma.
La PAO también incide en que "el decreto ha servido para paralizar desahucios y lanzamientos de familias vulnerables, pero también de muchas "falsas vulnerables" que se aprovechan de las lagunas legales. Además, el gobierno se escuda en unas compensaciones a los afectados por la paralización de desahucios que no llegan. La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación publicó un estudio en 2024 que recogía que solo el 7% de los afectados habían recibido la compensación."
Por último, concluyen su comunicado con el siguiente alegato al Gobierno: "Pedimos al gobierno la derogación de este decreto buscando fórmulas alternativas que propicien que los servicios sociales puedan responder a la situación de las familias vulnerables con los recursos que necesiten. Asimismo, animamos al Ministerio de Vivienda a que ofrezca los recursos habitacionales de Casa47 a las familias declaradas vulnerables."