La Cámara de Diputados de Argentina ha aprobado la Ley de Inocencia Fiscal, un proyecto con el que el gobierno liberal de Javier Milei pretende dar un giro a la forma en que el Estado trata a los ciudadanos en materia tributaria. Ahora el texto pasa al Senado, donde se verá si esta reforma, presentada como un alivio para los contribuyentes, supera la recta final.
El planteamiento es sencillo: según el bloque de legisladores vinculado al mandatario liberal, se trata de dejar atrás un sistema que actúa como si todos los ciudadanos fuesen evasores fiscales en potencia y establecer un principio básico según el cual el contribuyente no debe demostrar su inocencia, siendo la Administración la que debe acreditar la culpabilidad para iniciar medidas y procedimientos de reclamación de impuestos. No parece una idea descabellada, pero para la maquinaria fiscal argentina supone un cambio importante y, en el caso de España, a nadie escapa la reciente publicación del Índice de Seguridad Jurídica de los Contribuyentes, que sitúa a nuestro país como el segundo de la UE con peor desempeño en esta categoría.
La reforma que se está tramitando en Argentina actualiza los umbrales que activan la aplicabilidad del Régimen Penal Tributario. Hoy, pequeños desajustes pueden acabar convertidos en un caso penal, de manera similar a lo que sucede en nuestro país. Con la nueva normativa, las cifras a partir de las cuales se configura este tipo de delito se disparan. El gobierno asegura que esto permitirá concentrarse en los verdaderos esquemas de fraudes y no en errores administrativos, fallos humanos o controversias varias que hoy se tratan como si constituyesen flagrantes conspiraciones para la evasión.
Las multas y las sanciones formales
También se revisan las multas y las sanciones formales. No es ningún secreto que la inflación acumulada había dejado el sistema sancionador en tierra de nadie, pero de ahora en adelante, se actualizan los importes aplicables y, sobre el papel, se da un importante paso para reducir la discrecionalidad y la sensación de que el castigo al contribuyente depende de un proceso de inspección donde, hasta ahora, abundaban las "zonas grises", redundando en más incertidumbre para el contribuyente y discrecionalidad en el proceder de los inspectores.
El tercer pilar es la declaración jurada simplificada. Se trata de una especie de vía rápida para contribuyentes individuales, pensada para aliviar carga burocrática y para que Hacienda no convierta en un vía crucis las gestiones que deberían resolverse sin dramas. El Estado presumirá que lo declarado es cierto, salvo que haya una diferencia evidente. A efectos prácticos, pagar impuestos supondrá menos papeleo y menos trámites administrativos.
El gobierno ha vendido la iniciativa como un paso hacia la normalidad institucional y hacia una relación más constructiva entre contribuyentes y Administración. Ahora, tocará al Senado convalidar, modificar o tumbar esta propuesta, que en la Cámara fue aprobada con 130 votos a favor y 107 en contra.