Asturias vuelve a ser noticia por un nuevo ejemplo de despilfarro y mala gestión. Hace ahora algunas semanas, LD se hacía eco del nefasto manejo que hace el Principado de su parque de "vivienda social", donde los impagos de algunos inquilinos llegan a situarse por encima de los nueve años. Pues bien, en los últimos días ha trascendido un nuevo escándalo, esta vez referido al fuerte incremento del presupuesto destinado a la llamada Dirección General para la Agenda 2030.
El asunto ha sido llevado al Parlamento por el diputado de Vox, Javier Jové. En su intervención, el político se refirió irónicamente a la instancia administrativa en cuestión como "la Dirección General del Fin del Mundo". Según expuso, tal dependencia autonómica pasará de gestionar 573.000 euros en 2024 a manejar 3,5 millones en 2026. Un aumento del 700% en apenas dos años.
La documentación recogida en los Presupuestos para el próximo curso acredita que los costes de personal de dicha Dirección General subirán de 170.000 a 250.000 euros, un incremento del 47%, mientras que el gasto corriente crecerá desde los 221.000 euros actuales hasta superar los 760.000. También aparecen partidas nuevas y significativas que antes no existían, como 110.000 euros destinados a campañas publicitarias o más de 215.000 para conferencias. Asimismo, la rama del gobierno asturiano consagrada a promover la Agenda 2030 se ha propuesto externalizar trabajos por valor de casi 400.000 euros.
El núcleo de la crítica se centró en las subvenciones ligadas a esta dirección general. Según el parlamentario, las transferencias corrientes pasan de 395.000 euros a más de 1,1 millones. Estas ayudas fueron descritas por Jové como "chutes a los amigos", quien criticó que "esta estructura administrativa existe para alimentar una red clientelar, financiada de forma generosa mientras muchos asturianos lidian con todo tipo de problemas en el acceso a servicios básicos".
El gasto en "políticas LGTBI", desbocado
El diputado también ha subrayado el crecimiento presupuestario de la Dirección General LGTBI. Según expuso, en apenas tres años, esta estructura ha pasado de gestionar 90.000 euros a contar con una asignación de 3,4 millones. Al respecto, señaló que el gobierno justificó inicialmente el aumento por los gastos asociados a la redacción de un proyecto de ley, pero denunció que, una vez concluido dicho trámite, el presupuesto no solamente se ha consolidado sino que, además, ha sido reconducido hacia un nuevo reguero de subvenciones.
Así, se han reasignado gastos internos de dirección hacia el capítulo de transferencias corrientes, "lo que muestra que el objetivo es sostener a colectivos afines mediante subvenciones. En opinión de Jové, "este es un nuevo ejemplo de cómo se pretende seguir chutando dinero a asociaciones vinculadas", convirtiendo a este organismo en "una plataforma de reparto de fondos públicos".
Uno de los focos concretos es la asignación de fondos a "la Asociación de Xente LGTBI+, XEGA, a quien se ha concedido una subvención nominativa que se ha duplicado en dos años, pasando de 50.000 euros en 2024 a 100.000 euros previstos para el próximo ejercicio". De hecho, en el periodo de referencia, "XEGA ha recibido 227.000 euros mediante subvenciones de libre concurrencia de diferentes administraciones en el mismo periodo. Este refuerzo presupuestario carece de justificación mientras otros servicios públicos acumulan necesidades sin atender".
"Memoria histórica", otro pozo sin fondo
Quien fuera impulsor de la asociación liberal-conservadora El Club de los Viernes también cargó contra la Dirección General dedicada a políticas de memoria histórica, a la que calificó de ejercer "desmemoria democrática" y de incurrir en "manipulación histórica". Señaló que este departamento contaba en 2023 con 259.000 euros y que en 2026 superará el 1,5 millones, un incremento del 600% en apenas tres años.
Según detalló, el gasto de personal pasará de 56.000 a 391.000 euros y los gastos corrientes se duplicarán para financiar "estudios, trabajitos y proyectos de investigación". Llamó la atención sobre la partida de 106.000 euros destinada a patrimonio histórico-artístico y afirmó que le gustaría saber si se empleará para retirar símbolos, monumentos u otras cuestiones.
En la misma intervención, el diputado cuestionó la coherencia de la agenda del departamento, que establece entre sus objetivos la condena de toda forma de totalitarismo. Jové se preguntó si entre esas condenas "se incluirá al comunismo" e ironizó al respecto señalando que la dirección general "tendrá que condenarse a sí misma", al estar encabezada por una dirigente de Izquierda Unida.
En esta línea, citó la reciente resolución del Tribunal Constitucional de Polonia declarando ilegal al Partido Comunista en ese país y sostuvo que "los países que han vivido bajo regímenes comunistas han terminado prohibiéndolos". Frente a ello, afirmó, "es muy cómodo declararse comunista en democracias consolidadas" mientras quienes han sufrido esas experiencias "quedan curados de espanto, de por vida".