Durante décadas, Venezuela fue uno de los grandes beneficiarios del ciclo alcista del petróleo. No por reformas, ni por productividad, ni por innovación, sino por una combinación puramente externa: precios internacionales altos y una dotación de reservas excepcional. Esa renta extraordinaria permitió al país ingresar cientos de miles de millones de dólares sin necesidad de hacer prácticamente nada bien. El problema es que esa bonanza fue dilapidada, al ser gestionada a través de un gran conglomerado estatal, PDVSA, en el que se reprodujeron los mismos vicios socialistas que en el conjunto de la economía del país.
Entre finales de los años 90 y mediados de la década de 2010, coincidiendo con la primera etapa de gobierno del chavismo, el precio internacional del barril de crudo pasó de entornos de 10-15 dólares a superar de forma sostenida los 100 dólares. Solo entre 2004 y 2014, Venezuela recibió ingresos petroleros extraordinarios por valor de varios cientos de miles de millones de dólares, en gran medida gracias al auge global de las materias primas y al apetito energético de China. No fue una bonanza fruto de la gestión del régimen, sino un "regalo" derivado de la evolución del mercado internacional.
Ese dinero permitió financiar gasto público masivo, subsidios generalizados, controles de precios, importaciones artificialmente baratas y una expansión del Estado sin precedentes. También permitió esconder durante años el deterioro institucional, la destrucción del aparato productivo y la creciente corrupción. Mientras entraban dólares, el sistema se sostuvo. Cuando dejaron de entrar, colapsó.
Un instrumento político
A finales de los años noventa y comienzos de los 2000, Venezuela producía en torno a tres millones de barriles diarios. En 1997 alcanzó un récord de 3,7 millones. En aquel momento, el país todavía mantenía una industria petrolera funcional, con inversión, personal cualificado y cooperación con empresas internacionales. Todo cambió con la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 y, sobre todo, tras el paro petrolero de 2002-2003. A partir de ahí, PDVSA dejó de ser una empresa energética para convertirse en un instrumento político, alejada ya de cualquier lógica de mercado. En 2007 llegaron las grandes nacionalizaciones de proyectos petroleros. La inversión privada se expulsó, la gestión técnica se sustituyó por la lealtad ideológica y la empresa pasó a ser el brazo financiero del régimen.
Durante un tiempo, el precio internacional del petróleo ocultó el desastre. Pero incluso antes de las sanciones estadounidenses, la producción ya caía. Tras el desplome del precio del crudo en 2014, la situación se aceleró. Ya en 2019, Estados Unidos sancionó a PDVSA, una empresa que ya estaba prácticamente arruinada. Washington actuó entonces desde la convicción de que el conglomerado se había convertido en el brazo financiero del régimen.
Hoy, Venezuela produce apenas una fracción de lo que producía hace 25 años. Según estimaciones recientes, exporta entre 750.000 y 775.000 barriles diarios, una cifra irrelevante para el mercado mundial. Produce menos petróleo que estados como Nuevo México y apenas algo más que países europeos que ya han anunciado el abandono de la exploración de crudo. Como se apuntó anteriormente, los niveles de producción que heredó el socialismo bolivariano superaban los 3 millones diarios y llegaron incluso a marcar un récord de 3,7 millones, de modo que el descenso de la capacidad extractiva ha sido superior al 75%.
La paradoja es que Venezuela sigue siendo el país con mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Pero esas reservas están, en su mayoría, en la franja del Orinoco: un crudo extremadamente pesado, con alto contenido en azufre, caro de extraer y caro de refinar. Sacar un barril puede costar hasta 30 dólares, diez veces más que en Arabia Saudí. Construir plantas para tratar ese crudo requiere inversiones de entre 20.000 y 30.000 millones de dólares cada una, pero una Venezuela arruinada no puede impulsar ninguna infraestructura de este tipo, de ahí que esas reservas no puedan ser exploradas y explotadas a fecha de hoy.
A eso se suma una infraestructura petrolera en ruinas. Oleoductos, refinerías y gasoductos se encuentran en estado crítico tras años sin mantenimiento. Solo llevar la producción a 1,5 millones de barriles diarios exigiría entre 20.000 y 30.000 millones de dólares, más otros 20.000 millones para evitar que la red colapse. Recuperar niveles cercanos a los tres millones de barriles costará entre 85.000 y 130.000 millones y requerirá hasta una década de trabajo, según consultoras especializadas.
La deuda que arrastra PDVSA
El estado financiero de PDVSA refleja ese saqueo. La petrolera arrastra una deuda de más de 41.600 millones de dólares, a lo que se suma una deuda soberana del país por encima de los 52.500 millones. Existen además miles de millones pendientes de pago por derrotas en laudos arbitrales internacionales, amén de distintas deudas con China, con el Club de París, con organismos multilaterales y con proveedores que hoy son acreedores. La empresa está descapitalizada, técnicamente quebrada y jurídicamente enredada en litigios por todo el mundo.
La historia del petróleo venezolano es, indudablemente, la historia de la ruina socialista y, también, la de una gran oportunidad desperdiciada. No en vano, el país recibió ingresos extraordinarios gracias a precios internacionales que no controlaba. En lugar de invertir, diversificar y fortalecer instituciones, el régimen chavista convirtió esa renta en un instrumento de poder político. Cuando el ciclo terminó, no quedó nada: ni ahorro, ni infraestructura, ni empresa, ni credibilidad.
PDVSA, que fue una de las grandes petroleras del mundo, es hoy el símbolo más claro de cómo el socialismo del siglo XXI mató a la gallina de los huevos de oro. Y cómo ni siquiera el mayor tesoro energético del planeta puede salvar a un país cuando la gestión, las instituciones y los incentivos han sido destruidos.