Desde junio María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda tiene una tarea más encomendada: la de arrebatarle la presidencia de la Junta de Andalucía a Juan Manuel Moreno Bonilla, una vez Montero ha sido elegida para ser la candidata del PSOE andaluz para las próximas elecciones de este mismo año. En este contexto hay que entender algunos de los anuncios de la vicepresidenta. Siendo la presentación de su modelo de financiación autonómico uno de ellos.
Este viernes, durante la presentación del mismo en el Ministerio de Hacienda en la madrileña calle de Alcalá, Montero quiso contentar a sus socios de ERC garantizando un ingreso extra a Cataluña de 4.686 millones a partir de 2027, que es cuando le gustaría que entrara en vigor su ley, actualizando el actual que tiene 17 años. El modelo que propone avanza en el autogobierno y en la mayor autonomía fiscal de las comunidades autónomas, reclamación de los republicanos catalanes a los cuales, se les respetará la ordinalidad, no así a otras autonomías, como la de Madrid.
Durante la rueda de prensa la Ministra de Hacienda hizo alusión en varias ocasiones a Cataluña, con la cifra de lo que recibirá si finalmente la ley supera el Consejo de Política Fiscal y financiera por dos veces y su aprobación en el Congreso de los Diputados. Lo curioso fue ver que Montero no quiso detenerse a explicar y verbalizar lo que cada autonomía percibirá de más. Durante la presentación en las pantallas de la sala sí que los periodistas pudieron ver la tabla elaborada por su ministerio, sin embargo, no explicó la relación del nuevo reparto o, por lo menos, no pretendía hacerlo. "Han visto ustedes la cuantías de cada territorio. No voy a poner ningún ejemplo. ¿Por qué no van a recibir las comunidades autónomas 200, 3.000, 4.000 millones más? ¿Por qué no?", apelaba.
Sin embargo, acto seguido, sí que puso un ejemplo: el de Andalucía, consciente de que su presidente –igual que todos los de las autonomías del Partido popular- se va a oponer al modelo de financiación autonómico que el Gobierno ha puesto encima de la mesa. "Me cuesta trabajo pensar cómo una comunidad autónoma como Andalucía pudiera renunciar a recibir 4.850 millones de euros cuando lleva reclamando una reforma del modelo de financiación… y cuando el consenso del parlamento andaluz reclamó 4.000. ¿Van a decir que no por puro interés partidista? Sectarismo político diría, ¿no?", expresó.
Una lluvia de millones en Andalucía que beneficia a la candidata socialista y que pretende dejar en evidencia al presidente de la Junta quien rápidamente denunció que la propuesta de Montero nace coja porque aunque digan que es bueno para todas las comunidades autónomas, antes de hacerse pública, el Gobierno central lo había pactado con ERC en un acuerdo "unilateral" que rompe la igualdad entre autonomías. Es un "traje a medida de Junqueras" aseguró este viernes Juan Manuel Moreno. "A mí como andaluz y como presidente de todos los andaluces, no me puede representar, ni a nueve millones de ciudadanos, un independentista condenado e inhabilitado para cargo público hasta el año 2031".
Condonación de la deuda andaluza
La casualidad ha hecho que la autonomía más beneficiada por los nuevos cálculos de Hacienda sea Andalucía (4.846 millones), por encima incluso de Cataluña (4.686), a la que le sigue la Comunidad Valenciana (3.669) y la Comunidad de Madrid (2.555). Pero no es la primera vez que Montero trata de ganarse a los andaluces que están llamados a la urnas en los próximo meses.
A la vuelta del verano el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la condonación parcial de la deuda de las comunidades autónomas por valor de 85.000 millones. En su diseño, de nuevo, Andalucía y Cataluña serían las más beneficiadas. 18.791 millones para la primera y 17.104 millones para la segunda.
Eso sí, esta semana montero ha seguido el mismo guión que con la mal llamada condonación parcial de la deuda el Gobierno Central. Primero lo pactó con ERC y después lo extendió al resto de autonomías. Con todo, María Jesús Montero tiene por delante cuatro o cinco meses en función de cuándo se convoquen los comicios –en mayo o en junio- durante los cuales igual tendría que dejar por lo menos cerrado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.