La propuesta para el nuevo modelo de financiación autonómica presentada el pasado viernes por la ministra María Jesús Montero no es, a pesar de la pirotecnia de cifras, un ejercicio de equidad ni de buena gestión pública. Es, en su esencia más cruda, un instrumento de pago político. Bajo el envoltorio de un reparto extraordinario de 20.975 millones de euros, se esconde la consumación de un acuerdo bilateral negociado en la sombra con un exconvicto e inhabilitado y golpista Oriol Junqueras para garantizar la estabilidad de Pedro Sánchez en la Moncloa a costa de la cohesión del Estado. Y eso que quien gobierna en Cataluña es el propio partido de Sánchez.
Resulta ofensivo para el principio de igualdad que el diseño del futuro de todas las regiones españolas se haya perfilado en una mesa de negociación con el separatismo catalán. El resultado es un modelo asimétrico donde el principio de ordinalidad —que quien más aporta no sea penalizado en el reparto— se reconoce como un derecho para Cataluña, mientras se le niega sistemáticamente a la Comunidad de Madrid. No hay criterios homogéneos; hay privilegios de parte. Que Cataluña reciba casi el doble de fondos adicionales que Madrid (4.686 millones frente a 2.555), siendo esta última el principal motor de recaudación, evidencia que el sistema no busca la eficiencia, sino el aplauso de sus socios parlamentarios.
Pero la arbitrariedad no termina en el reparto. La ministra Montero ha diseñado una trampa fiscal de dimensiones considerables. Mientras presume de ceder un mayor porcentaje de IRPF e IVA a las autonomías, prepara el terreno para "secuestrar" las competencias tributarias de aquellas regiones que, ejerciendo su autonomía, han decidido bajar impuestos. El anuncio de poner límites al mal llamado "dumping fiscal" y la amenaza sobre el Impuesto de Sucesiones supone un ataque directo a la libertad de gestión y un intento de armonización al alza que solo busca castigar los modelos de éxito que incomodan al relato gubernamental.
Desde el punto de vista macroeconómico, el plan es de una irresponsabilidad alarmante. El Gobierno pretende financiar este "regalo" autonómico gracias a un festín recaudatorio histórico que ha llevado las arcas del Estado a superar los 300.000 millones de euros por primera vez. En un país con una deuda pública asfixiante y un déficit que exige rigor, gastarse hasta el último euro del exceso de recaudación en la compra de voluntades políticas es una temeridad. En lugar de aprovechar esta coyuntura para sanear las cuentas públicas y aliviar la carga de las generaciones futuras, el Ejecutivo opta por el gasto expansivo para lubricar sus alianzas.
En definitiva, no estamos ante una reforma técnica necesaria para mejorar los servicios públicos de los españoles. Estamos ante una estrategia de resistencia. La financiación autonómica ha pasado de ser una herramienta de solidaridad interterritorial a convertirse en el botín con el que el sanchismo compra su permanencia. Cuando el dinero de todos se utiliza para levantar muros entre ciudadanos y premiar la deslealtad institucional, lo que se quiebra no es solo el sistema de financiación, sino la confianza misma en la equidad del Estado.