No hace ni una semana que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de este 2026 un 3,1% hasta los 1.221 euros brutos mensuales y que no tribute. De esta manera aceptaba una de las propuestas hechas por el comité de expertos designado por ella misma y que año tras año busca que el salario que reciban dos millones y medio de españoles represente el 60% del salario medio neto. Sin embargo, para la patronal esa cantidad ya se ha superado con creces. Tanto es así que su presidente, Antonio Garamendi, el pasado mes de diciembre tildó de "increíble" la metodología empleada que hace que el SMI esté "sobredimensionado" al utilizar el comité de expertos la Encuesta de Estructura Salarial (EES) del INE, que no incluye a algunos sectores -de menor rango salarial- como la agricultura, la ganadería o el empleo doméstico.
La CEOE propuso desde le principio una subida del 1,5%, 18 euros más al mes con tributación en el IRPF, una opción realmente alejada de la propuesta por Yolanda Díaz, por lo que podría parecer que el acuerdo tripartito -Gobierno, patronal y sindicatos- es imposible. Sin embargo el miércoles de la semana pasada, en la última reunión se produjo un movimiento por parte del Ministerio un tanto sorprendente. Para convencer a los empresarios se abría a modificar una ley que impide que las empresas que firman contratos con la Administración Pública puedan repercutir los incrementos de sus costes, como es la subida del Salario Mínimo Interprofesional. El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, explicó en rueda de prensa tras la reunión que está "explorando la posibilidad de relajar las reglas de desindexación" ya que desde su departamento entienden la queja de las empresas que no pueden trasladar a los precios de licitación de los contratos públicos la subida del SMI, algo que beneficiaría a miles de empresas y autónomos y que según la CEOE emplean a 1,5 millones de trabajadores, lo que representa el 2,25% del PIB.
Sin embargo que Yolanda Díaz tenga la voluntad de modificar esta ley de 2015 no quiere decir que lo vaya a conseguir ya que la decisión le corresponde a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y como ha podido saber LM, no está en disposición de aceptar. Fuentes del Ministerio de Hacienda aseguran que de hacerlo "los empresarios harían un negocio redondo" y al Ministerio le costaría mucho dinero.
Aún así las conversaciones entre ministerios se están produciendo para ver si hay algún tipo de acercamiento pero como aseguró la mano derecha de Yolanda Díaz la semana pasada, hacienda está enrocada. Por lo que a la espera de que se celebre esta misma semana la siguiente reunión del diálogo social para subir el Salario Mínimo, todo apunta a que una año más, Díaz tendrá que conformarse con firmar solamente con los sindicatos UGT y CCOO. Ambos piden una subida del 7,5% pero la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, sabe que acabará contando con su apoyo.