El reciente anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la creación del denominado fondo "España Crece" ha sido presentado con la pompa ya habitual de un gobierno cercado por escándalos de todo tipo. Ante el foro del Spain Investors Day, el Ejecutivo ha proyectado la imagen de una potencia económica que, emulando a los gigantes petroleros o a las locomotoras asiáticas, se dota de un instrumento financiero de vanguardia para asegurar su futuro. Sin embargo, tras el envoltorio semántico de la "soberanía nacional", la realidad técnica e institucional revela un artefacto que en nada se parece a lo que el mundo financiero reconoce como un fondo soberano.
La ortodoxia económica, definida desde hace décadas, es clara: un fondo soberano nace del ahorro y de la gestión de la abundancia. Países como Noruega, Kuwait o Arabia Saudí nutren sus fondos de los excedentes generados por materias primas; otros, como China o Singapur, lo hacen a partir de superávits comerciales y reservas de divisas masivas. En todos ellos, la premisa es el excedente. España, por el contrario, cerró 2007 como su último año de superávit presupuestario y arrastra una deuda pública estructural que limita cualquier capacidad de ahorro real.
El fondo "España Crece" no nace de la riqueza propia, sino de la deuda europea. Su dotación inicial de 10.500 millones de euros no es más que un remanente de los fondos Next Generation que el Gobierno no ha sido capaz de ejecutar antes de los plazos marcados por Bruselas. En lugar de una hucha de ahorro para las generaciones futuras, estamos ante un mecanismo de ingeniería financiera para intentar "reciclar" fondos europeos y evitar que se pierdan tras el límite de 2026.
La diferencia no es solo de origen, sino de propósito. Mientras que los fondos soberanos globales buscan rentabilidad internacional invirtiendo en miles de empresas cotizadas (como el Norges Bank), el plan de Sánchez es un instrumento de intervención estatal dirigida. Gestionado por el ICO, su objetivo es la concesión de préstamos y avales en sectores que el propio Gobierno considera "estratégicos", desde la vivienda hasta la inteligencia artificial. Se trata, por tanto, de una extensión de la política industrial y de gasto bajo una etiqueta más sofisticada, pero que vuelve a situar al Estado en el centro de la asignación de recursos, condicionando la llegada de capital privado a la agenda política de la Moncloa.
Resulta difícil ignorar el contexto de este anuncio. Con una legislatura paralizada por la debilidad parlamentaria, sin Presupuestos Generales aprobados desde 2022 y con el asedio de casos de corrupción, el Gobierno necesita relatos de fortaleza. Presentar una herramienta de gestión de fondos europeos como un "fondo soberano" es una operación de marketing que busca transmitir una solidez económica que las cuentas públicas no terminan de respaldar.
En definitiva, España Crece se asemeja más al Banco de Infraestructuras del Reino Unido —un brazo ejecutor de inversión pública— que a los fondos billonarios de Abu Dabi o Tokio. Llamar "soberano" a un fondo que depende de la flexibilidad de Bruselas y de la deuda externa es, cuanto menos, una audacia terminológica. El éxito del plan dependerá de si realmente logra movilizar el capital privado, pero, de momento, lo único soberano en esta iniciativa es la voluntad del Ejecutivo de seguir interviniendo en la economía bajo un nombre que le queda demasiado grande.