Si el pasado viernes la ministra de Hacienda María Jesús Montero nos ofrecía una rocambolesca rueda de prensa para explicar un sistema de financiación autonómica con criterios diferentes y selectivos dependiendo de la comunidad autónoma de la que se tratara para favorecer finalmente a Cataluña, este miércoles tenía que enfrentarse a los consejeros de Hacienda de las 17 comunidades autónomas con poco éxito.
Sólo Cataluña estaba encantada con el nuevo reparto y criterios establecidos para cada comunidad autónoma, cosechando el rechazo frontal del resto, a quienes ya no solo no les parecía bien la parte del pastel que les tocaba, sino que su pastel dependía únicamente de lo negociado con Cataluña. Además, el reciente análisis de FEDEA sobre la reforma de la financiación autonómica confirma lo que muchos temían: la arquitectura del nuevo modelo no responde a criterios de equidad técnica, sino a las urgencias de un pacto político bilateral con ERC. Bajo el barniz de una "inyección histórica" de 21.000 millones de euros se esconde una estructura diseñada para privilegiar a Cataluña a través de ingeniosos parches que FEDEA no duda en calificar como "ocurrencias" de dudosa justificación.
El dato más revelador es el de la ganancia absoluta por habitante: Cataluña es la comunidad que más recursos extra extrae del nuevo sistema, con 507 euros adicionales por habitante ajustado. Para lograr este resultado, el Gobierno ha introducido mecanismos ad hoc como la transferencia ligada al IVA de las pymes societarias. Como señala el informe, Cataluña tiene un peso atípicamente elevado en este tipo de empresas, lo que le otorga una "jugosa prima" de 1.441 millones de euros brutos. Es, en esencia, un traje a medida donde el criterio se elige en función del beneficiario deseado.
Pero el privilegio tiene un coste de oportunidad devastador para el Estado y para la cohesión territorial. Para que las comunidades ganen más, el Estado debe quedarse con menos, agravando un déficit central ya estructural en un momento de crecientes necesidades en defensa y seguridad social. Además, el modelo avanza hacia una gestión tributaria "a la carta" que amenaza la caja única y el principio de igualdad entre españoles.
El análisis es claro: mientras Cataluña mejora su índice de financiación en 4,2 puntos, comunidades históricamente cumplidoras o con problemas demográficos como Galicia (-7 puntos), Asturias (-6 puntos) o Castilla y León (-9,7 puntos) retroceden posiciones en términos relativos. Se penaliza la convergencia real para premiar la aritmética parlamentaria.
En definitiva, estamos ante un sistema que, lejos de simplificar, introduce una arbitrariedad sin precedentes. El "brindis al sol" del Fondo Climático —que prima al litoral mediterráneo— y los ajustes por "costes fijos" son solo los últimos ejemplos de una política que sustituye el interés general por el pago de deudas políticas. Si la financiación autonómica debe ser el motor de la igualdad, este modelo es, lamentablemente, el manual de su desmantelamiento.