Leía el otro día, en una información sobre las diferentes propuestas en materia de vivienda que han presentado Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la última semana, que los populares son optimistas. Piensan (creo que con razón) que podrían negociar el apoyo de VOX y Junts a muchas de las medidas: es decir que, en este tema, a ellos les resultará más sencillo obtener mayoría en el Congreso que al Gobierno.
Más allá de si lo logran o no (que dependerá de su capacidad negociadora), deberíamos preguntarnos cómo es posible. Porque lo que se esconde tras esta idea es una anomalía a la que nos hemos acostumbrado, pero que sería complicado encontrar en los países de nuestro entorno: desde hace dos décadas, en España el eje izquierda-derecha importa mucho menos a la hora de decidir quién gobierna.
En concreto, desde que Zapatero se percatara a comienzos de los 2000 de que si les daba todo lo que pidieran a los nacionalistas, sería muy complicado que el PSOE no mantuviera la Presidencia del Gobierno. El bloque de investidura sólo ha perdido unas elecciones desde entonces, las de 2011, en mitad de una crisis brutal, que nos llevó al borde de la quiebra. En el resto de citas electorales, siempre tuvo mayoría absoluta (también en el ciclo 2015-16). Por eso, se puede dar la paradoja de que con un Congreso muy de derechas (si seguimos metiendo a PNV y Junts en ese saco, que ahí tenemos otro debate), Sánchez siga en La Moncloa.
Y otra paradoja: ese predominio socialista en el Gobierno central ha venido acompañado de una debilidad extrema en los territorios, con una tendencia a la baja clarísima en gobiernos autonómicos y municipales (a la gente no le suele gustar que le roben a la cara).
Todo esto viene a cuento del tema económico de este comienzo de año: la financiación autonómica. Porque nos hemos enredado en el debate sobre las reglas concretas pactadas por María Jesús Montero y Sánchez con Oriol Junqueras (muy lesivas para el resto, eso es obvio: no se las votan ni las comunidades del PSOE) y se nos escapa la clave que lo permite. De nuevo, lo urgente nos tapa lo realmente relevante.
En España, la financiación autonómica, tanto la del régimen general como la foral, ni es financiación ni es autonómica. No es financiación porque no va dirigida a pagar unos determinados servicios (en ese caso, casi sería más lógico un cálculo anual de lo que necesita cada región en función de sus circunstancias o incluso una centralización absoluta); y no es autonómica porque no persigue generar las condiciones para que cada región organice sus prioridades de forma autónoma.
Lo que llamamos "Sistema de Financiación Autonómica de las comunidades de Régimen Común", "Concierto Económico Vasco" o "Convenio Económico Navarro" son el resultado de un pacto y una decisión política. En realidad, lo que hay detrás es la misma lógica que se esconde tras una subvención a la vivienda para jóvenes, una nueva línea de AVE o una campaña del Ministerio de Igualdad: y sí, es una lógica política, en la que el Gobierno dispone del presupuesto de forma discrecional (por necesidad parlamentaria, para cumplir una promesa electoral, por ideología…)
De hecho, como muchos expertos en la materia están aprovechando para recordar en los últimos días, si lo que nos está tratando de colar María Jesús Montero nos parece una afrenta, lo que ocurre año tras año con el Cupo Vasco es un escándalo sideral. Porque no somos conscientes de lo anómalo (único en el mundo, en realidad) de que una de las regiones más ricas de España reciba transferencias netas del resto de regiones de miles de millones de euros (aquí, Jesús Fernández-Villaverde calcula que rondan los 6.500 millones, por la falta de aportación al déficit de las pensiones y por un ajuste del IVA mal calculado; Ángel de la Fuente y Mikel Buesa han escrito en el pasado de forma muy detallada sobre este abuso).
Mientras no salgamos de esa lógica, será imposible una solución mínimamente operativa. De hecho, es una trampa perversa. Porque hay quien piensa que lo de estos días se debe a la maldad de Sánchez (que también un poco). O, incluso, quien se imagina que un Gobierno del PP deshará lo pactado. Pero, por qué creemos que los anteriores gobiernos no lo hicieron. A ver si el cálculo fake del Cupo Vasco se ha dado solo con el PSOE.
Al final, el día a día político se impone: buscando votos en el Parlamento, ante la cercanía de unas elecciones autonómicas. La mejor noticia es que parece que los pesos electorales están cambiando. Pero incluso ese punto es discutible que vaya a ayudar: por un lado, parece claro que vamos a un Congreso dominado por la derecha (¿PP y VOX con mayoría absoluta?; por otro, hay nuevos actores (pienso en Aliança Catalana) que buscarán todavía más el privilegio y la negociación constante.
¿Podríamos tener un sistema fiscal operativo y descentralizado? Sí. De hecho, siempre se habla del sistema suizo como modelo a seguir. Mucha autonomía fiscal y país muy descentralizado sin el chantaje constante de unos frente a otros. Tampoco es tan difícil, aunque habría que empezar casi de cero: lo que tenemos ahora tiene vías de agua por todos lados. La clave: la despolitización.
Es decir, reglas claras y a largo plazo; autonomía fiscal real que incentive la responsabilidad de cada gobierno regional ante sus ciudadanos; esquemas de solidaridad entre regiones con normas sencillas y transparentes; mecanismos de ajuste no políticos (por ejemplo: que si hay que revisar cada cierto tiempo el fondo de solidaridad, se hace siguiendo un esquema pactado previamente a su puesta en marcha y por personas no involucradas directamente en su aplicación)…
Pero, de nuevo, volvemos al comienzo. Para que esto se consiga, los políticos españoles (unos y otros) tienen que asumir que perderían poder en el momento en el que ellos estuvieran en el Gobierno. Por ejemplo, el ministro de Hacienda de turno vería como su cortijo del Consejo Política Fiscal y Financiera pasa a ser un órgano casi irrelevante.