España asiste hoy a una paradoja tan cruel como insostenible: mientras la Agencia Tributaria celebra, mes tras mes, cifras récord de recaudación que vacían los bolsillos de familias y empresas, el Estado del Bienestar, esa promesa de seguridad y servicios, se desmorona a plena vista. No estamos ante una crisis de falta de recursos, sino ante una crisis moral y de gestión provocada por un intervencionismo político que ha confundido el servicio público con el patrimonio privado.
Bajo el pretexto de la justicia social, el Gobierno ha desplegado una voracidad fiscal sin precedentes. La Hacienda pública, dotada de incentivos que parecen premiar la persecución sistemática del contribuyente más que la equidad, se ha convertido en el brazo ejecutor de un modelo extractivo. Sin embargo, el ciudadano que cumple religiosamente con sus obligaciones se encuentra, al otro lado de la ventanilla, con un panorama desolador. El desgaste de las infraestructuras es el síntoma más visible de esta perversa asignación de recursos: trenes que descarrilan o se detienen por falta de mantenimiento, una red eléctrica tensionada y carreteras que languidecen en el abandono.
Lo que resulta verdaderamente escandaloso no es solo la falta de inversión, sino dónde se está drenando el dinero que debería ir a las vías y hospitales. Mientras se nos dice que «no hay dinero» para lo esencial, el Ejecutivo aparece cercado por tramas de corrupción que revelan un uso espurio de las instituciones. Es un insulto a la inteligencia del contribuyente observar cómo el erario público sirve para financiar redes de favores, colocar a figuras de dudosa reputación ligadas a escándalos políticos —como el caso de los entornos de exministros— en empresas públicas o alimentar una legión de «fontaneros» y asesores dedicados exclusivamente a la supervivencia del poder.
Este intervencionismo asfixiante no busca fortalecer lo común, sino perpetuar una estructura de poder que se alimenta del esfuerzo ajeno. La infraestructura de un país es su columna vertebral; su abandono es la señal inequívoca de un Gobierno que ha dimitido de sus funciones básicas. Si el dinero de los impuestos no vuelve en forma de servicios eficientes y seguros, sino que se pierde en el sumidero de la corrupción y el clientelismo, el contrato social se rompe. España no padece una falta de ingresos; padece una casta política que, en su afán por controlarlo todo, está terminando por arruinarlo todo, dejando al ciudadano desprotegido frente a un Estado que recauda como un gigante pero sirve como un espectro.