La Unión Europea y Mercosur firmaron este sábado en Asunción un acuerdo de libre comercio que promete crear una de las mayores zonas económicas del mundo, con más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del PIB global. Pero que nadie dé el tema por cerrado: la firma es solo el principio de un largo y complicado camino político en el que todas las negociaciones podrían desvanecerse, tal y como desean las asociaciones agrícolas que se oponen al pacto.
La ceremonia del sábado estuvo encabezada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por los representantes de los cuatro países fundadores del Mercosur —Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay—. El acuerdo prevé eliminar progresivamente aranceles en torno al 90% del comercio bilateral y permitiría a la UE ahorrar unos 4.000 millones de euros anuales en tarifas aduaneras. Además, para Bruselas este acuerdo lanza un mensaje estratégico a Estados Unidos en un momento marcado por la guerra comercial, la incertidumbre geopolítica y el regreso del proteccionismo.
Sin embargo, pese al simbolismo del acto, el acuerdo no entra automáticamente en vigor. Todavía queda un largo camino.
Lo que queda pendiente
El tratado tiene dos partes. El primero de ellos es el pilar comercial, que debe ratificarse con el consentimiento del Parlamento Europeo. Antes del pleno, deben pronunciarse las comisiones de Comercio Internacional y de Asuntos Exteriores y las cifras de votos no están del todo claras, sobre todo porque no habrá disciplina de voto por grupo parlamentario, sino que cada diputado votará en función de su país de origen.
Estamos hablando de que muy posiblemente los franceses, parte de la delegación polaca, y sectores de Bélgica e Irlanda se van a oponer abiertamente. En el caso de España, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha manifestado a favor del acuerdo. En lo que respecta a los grupos políticos, Patriotas por Europa (donde está Vox), Verdes e Izquierda ya han anunciado su voto en contra.
En segundo lugar, está el acuerdo de asociación completo que debe ser ratificado por cada uno de los 27 parlamentos nacionales de la UE y por los países del Mercosur. Este proceso puede alargarse años y permite bloqueos país por país, incluso aunque el acuerdo comercial ya se aplique de forma provisional.
Además, el Parlamento Europeo podría congelar todo el proceso si decide solicitar un dictamen previo al Tribunal de Justicia de la UE sobre la legalidad del mecanismo de reequilibrio y sobre la base jurídica empleada para permitir la ratificación parcial sin pasar por los parlamentos nacionales. Si se solicita ese dictamen, la ratificación quedaría suspendida hasta que el tribunal se pronuncie. Polonia ya ha anunciado que intentará impugnar el acuerdo ante el TJUE para proteger a su sector agrícola.
En la práctica, el escenario más probable no es un rechazo inmediato, sino una aplicación provisional del pilar comercial mientras el resto del tratado queda atascado durante años en los parlamentos nacionales, como ya ha ocurrido con otros acuerdos comerciales de la UE.
¿Sirven de algo las tractoradas?
Las protestas del sector rural previstas en varios países europeos durante las próximas semanas no pueden bloquear jurídicamente el acuerdo, pero sí podrían tener un impacto político por la presión que ejercen sobre los eurodiputados.
En opinión del coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, "todavía hay partido y todavía podemos cambiar las cosas, mejorar ese dichoso acuerdo que está moviendo a todo el campo como gota que colma el vaso". Así que, teniendo en cuenta que "UE-Mercosur no está en vigor, no está cerrado y aún puede condicionarse o frenarse", en opinión de Cortés "no es locura luchar contra gigantes porque, además de justicia, tenemos margen real".
Concretamente, ese margen real al que se refiere Cortés incluye los tres frentes de riesgo para el pacto: que el Parlamento Europeo tumbe la parte comercial; que el acuerdo quede atascado en el Tribunal de Justicia; o que los parlamentos nacionales bloqueen el tratado completo. Sin embargo, lo más probable es que la parte comercial del acuerdo acabe entrando en vigor de forma provisional mientras, poco a poco, se van resolviendo las cuestiones políticas.