Si hay un cargo público que ahora mismo está en el ojo del huracán en nuestro país, ese es el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Y no es para menos, pues bajo su gestión se ha producido el primer accidente ferroviario de la Alta Velocidad en nuestro país en toda la historia, provocando la muerte de 45 personas y más de 100 heridos.
En estas circunstancias, y como resulta lógico, hay un gran número de personas pidiendo la dimisión del ministro. No obstante, Óscar Puente ya ha asegurado que no tiene pensado dimitir, como ya contamos en Libertad Digital:
"Desde mi punto de vista, los parámetros de responsabilidad en un asunto de este calado se basan fundamentalmente en que quien resulte afectado por la responsabilidad haya contribuido por acción o por omisión a la causación o a su agravamiento. Si yo estuviera en esas circunstancias, asumiría mis responsabilidades. Sinceramente, creo que no estoy" dijo el pasado viernes. Además, dijo sentirse "absolutamente capacitado" para seguir y afirmó que lo ocurrido no le restaba capacidad para seguir en el cargo.
El caso de España es muy distinto al de otros países del mundo, donde dimitir se convierte en una obligación moral por parte de aquellos que son los máximos responsables cuando ocurre una tragedia. A continuación, vamos a exponer algunos ejemplos sobre ello.
Países europeos, africanos y asiáticos
El caso más reciente tiene que ver con el que fuera ministro de Construcción, Transporte e Infraestructura de Serbia entre los años 2022 y 2024, Goran Vesić. Bajo su mandato, en el año 2024, se produjo el derrumbe de la marquesina de la estación de tren de Novi Sad, la segunda ciudad más grande de Serbia, donde fallecieron 16 personas. La estación fue renovada entre 2021 y 2024 y el propio Vesić participó en su inauguración. Al día siguiente de producirse esta tragedia, el ministro dimitió.
Otro caso también reciente en el tiempo es el ocurrido en Grecia el 28 de febrero de 2023, en el accidente ferroviario de Tesalia. Este incidente se llevó la vida de 57 personas y dejó 85 heridos, tras producirse un choque entre dos trenes. Al día siguiente (el 1 de marzo), el ministro de Infraestructura y Transporte Kostas Karamanlis (no confundir con el ex primer ministro griego entre 2004 y 2009) anunció su dimisión.
El tercer caso más próximo en el tiempo es el que tiene que ver con el accidente ocurrido en Taiwán el 2 de abril de 2021, cuando un tren que transportaba a 488 pasajeros descarriló en la entrada de un túnel y provocó la muerte de 50 personas y 202 heridos. Su ministro de Transportes y Comunicaciones, Lin Chia-lung, renunció a su cargo el 19 de abril, tan solo unas semanas después. Chia-lung declaró que asumiría toda la responsabilidad política del accidente y que se marcharía una vez que acabaran todas las labores de rescate.
Por otro lado, el 27 de febrero de 2019 se produjo un desastre ferroviario en Egipto en la estación Ramsés (El Cairo) provocando la muerte de 25 personas y dejando 50 heridos. La causa del accidente tuvo que ver con que el conductor del tren abandonó los controles provocando un descarrilamiento y una explosión que conllevó un gran incendio. El ministro de Transporte, Hisham Arafat, dimitió ese mismo día.
Dos accidentes, dos dimisiones instantáneas
En quinto lugar, y también en Egipto, se produjo en Manfalut una colisión entre un tren y un autobús escolar que transportaba unos 70 niños de cuatro a seis años. Este incidente provocó la muerte de 50 niños y del conductor del autobús, además de dejar 17 heridos por el camino. Esto ocurrió el 17 de noviembre de 2012, fecha en la que el ministro de Transporte de Egipto, Mohammad Rashad Al Matini, anunció la renuncia de su cargo.
Así pues, vemos que, en otros países europeos, aunque también tenemos el ejemplo de países africanos y asiáticos, cuando se produce un accidente o una tragedia, los políticos asumen responsabilidades dimitiendo del cargo casi al instante de haberse producido dicho evento, algo que en nuestro país es algo que a la inmensa mayoría de los políticos (con independencia del partido al que pertenezcan) ni se les pasa por la cabeza. Son este tipo de actos los que contribuyen a reforzar o a dañar las instituciones, y en España los políticos optan por la segunda opción.