
Uno de los objetivos principales del intervencionismo de las autoridades públicas actualmente es el uso del vehículo privado. Ya sea con la excusa de la contaminación, la adaptación de las ciudades para los peatones o la seguridad vial, los conductores cada vez tienen que hacer frente a más regulaciones y exigencias que, en último término, suponen un atentado contra su libertad. Además, todo ello viene acompañado de importantes sanciones que tienen por objetivo incrementar la la recaudación.
Un ejemplo de esta deriva contra el uso del vehículo privado lo encontramos en la DGT, cuyo director, Pere Navarro, ya se ha pronunciado contra la entrada de coches en las ciudades, adelantando que "el futuro del Tráfico será compartido o no será". Asimismo, la implantación de una zona de bajas emisiones en una ciudad como Soria, con una densidad de población y una afluencia de tráfico muy reducidos, supone un paso más en esta guerra contra el coche. Ahora, a todo ello se le juntan los radares de ruido, con los que se pretende controlar aún más el uso que hacemos de nuestros vehículos.
Contaminación acústica
Desde Pyramid Consulting –empresa dedicada a la asesoría jurídica que ofrece soluciones y asesoramiento para la defensa frente a las multas– destacan que la implantación de estos radares "empieza a ser una realidad en España". Así, informan de que en España ya hay una docena de dispositivos desplegados y detallan que "varias ciudades han confirmado su interés en ampliar este tipo de controles dentro de sus planes de movilidad sostenible y reducción de la contaminación acústica".
Al respecto, en declaraciones a Libre Mercado, Vicente Ynzegna, responsable de reclamaciones del departamento jurídico de Pyramid Consulting, subraya que estos radares de ruido ya se usan en las dos grandes ciudades de nuestro país, Madrid y Barcelona, mientras que sigue siendo un proyecto en el resto de ciudades que plantean la posibilidad de implementar esta medida. Concretamente, el Ayuntamiento de Barcelona fue la primera administración en poner en marcha esta iniciativa. Así, en mayo de 2022 detallaba que, en su plan para reducir la contaminación acústica, se incluía la "implantación de un sistema piloto de radar de ruido en verano para la detección de vehículos que superen los niveles de ruido permitidos".
Así las cosas, detalla que en la exposición de motivos de las normativas vigentes aluden al respeto al medioambiente y el problema de la contaminación acústica para justificar el desarrollo de estas regulaciones. Asimismo, otra de las razones que las autoridades públicas tratan de utilizar para motivar esta medida es la seguridad vial y la obligación de que los conductores cumplan con las circunstancias y condiciones que exige la ficha técnica de sus respectivos vehículos.
En este sentido, el experto detalla que las multas pueden deberse a llevar un tubo de escape trucado, lo cual se interpreta como un incumplimiento de las condiciones técnicas del vehículo y una amenaza contra el medioambiente –por el ruido que se genera–. Otro de los motivos por los que un conductor podría ser sancionado por una falta contra la contaminación acústica sería llevar la música a un volumen excesivamente alto. Además, la utilización del claxon injustificada y que rebase los límites establecidos también puede ser objeto de sanción –señala el experto que esto ocurre, por ejemplo, en celebraciones de eventos deportivos–.
Afán recaudatorio
En cualquier caso, no podemos negar que tras esta iniciativa se encuentre el afán recaudatorio de las autoridades públicas. Según Ynzenga, en todas las regulaciones que ponen en marcha, esta motivación está de fondo. De hecho, detalla que las multas previstas, tanto en Madrid como en Barcelona, en relación con la contaminación acústica oscilan entre los 750 –las faltas leves– y los 3.000 euros –las más graves–, mientras que la multa por no cumplir con las condiciones técnicas del vehículo se sitúan, por lo general, entre los 200 y los 500 euros.
Al respecto, desde Pyramid inciden en que existe la posibilidad de recurrir estas sanciones, "especialmente cuando existan dudas razonables sobre la correcta identificación del vehículo causante del ruido o sobre la fiabilidad de la medición", algo que, de acuerdo con la consultora, "puede darse con mayor frecuencia en calles estrechas, zonas con rebote acústico o tramos con tráfico intenso". Del mismo modo, recuerdan que "la administración debe acreditar de forma clara la infracción y aportar pruebas suficientes que permitan al conductor ejercer su derecho a la defensa".
Desde Pyramid reconocen que la aparición de estos radares de ruido "ha generado debate en el ámbito jurídico y entre las asociaciones de conductores". Precisamente, en relación con lo anterior, enfatizan que "los radares de ruido plantean interrogantes en cuanto a la seguridad plena de que el ruido captado proceda realmente de un vehículo concreto". En consecuencia, la consultora alerta de que estas circunstancias "podrían dificultar la identificación exacta del presunto infractor y abrir la puerta a impugnaciones legales si no se garantiza la precisión técnica del sistema y la correcta individualización del vehículo sancionado".
¿Cómo funcionan?
La consultora explica que estos dispositivos se encargan de medir los decibelios que emite un vehículo en circulación, pudiendo activar una sanción cuando se superan los límites fijados por la normativa local. De este modo, detallan que "el objetivo de estos dispositivos es convertirse en un elemento disuasorio frente a conductas cada vez más habituales en el tráfico urbano, como circular con el volumen al máximo, con el escape roto o con modificaciones no homologadas que incrementan el ruido del vehículo".
Al respecto, desde Pyramid detallan que estos radares tienen integrados micrófonos de alta sensibilidad con los que se capta el sonido ambiente. Del mismo modo, estos dispositivos también cuentan con cámaras con las que se puede registrar la matrícula de un vehículo si se detecta un exceso de decibelios. Por su parte, los datos los analiza un software que se encarga de determinar si el nivel sonoro supera el umbral permitido.


