Bajo el paraguas de un humanitarismo de salón y la propaganda, el Gobierno ha decidido ignorar la aritmética básica para abrazar una regularización masiva cuyas consecuencias, lejos de ser abstractas, tienen nombres, apellidos y una cuantía económica inasumible. Los datos de la ciudad ficticia de 'Inmigralia' —que con 840.000 habitantes superaría en población a Sevilla o Zaragoza— no son una hipérbole estadística; son la radiografía de un desafío estructural que amenaza con desbordar los cimientos de nuestro Estado de bienestar.
El relato oficial insiste en que la regularización es un trámite administrativo indoloro o, incluso, un motor económico. Sin embargo, la realidad operativa dicta lo contrario. Gestionar una población de este calibre implica una presión inmediata sobre unos servicios públicos ya tensionados. No se trata de prejuicios, sino de capacidad de carga: la sanidad pública, que ya opera en los límites de su capacidad, y un sistema educativo que debería absorber a decenas de miles de menores, no pueden ampliar su infraestructura por decreto ley.
A este escenario debemos sumar el "efecto llamada" que genera la reagrupación familiar. Con una estimación de 2,2 familiares por cada inmigrante regularizado, la cifra real no se detiene en los 840.000, sino que escala hasta los 2,69 millones de personas. Esta magnitud transforma el debate de una cuestión de solidaridad en un problema de sostenibilidad sistémica. El coste fiscal neto de un inmigrante no cualificado se estima en 200.000 euros a lo largo de su ciclo vital; multiplicar esa cifra por la mitad de la población potencial arroja una factura de 268.800 millones de euros, una suma equivalente a la recaudación total del IRPF en España durante un año.
Los puntos críticos de la regularización
- Saturación de Servicios: Impacto directo en listas de espera sanitarias y ratios escolares.
- Mercado Laboral: Presión a la baja en los salarios de los sectores menos cualificados, perjudicando al trabajador nacional más vulnerable.
- Sostenibilidad Fiscal: Un incremento masivo del gasto que recaerá, inevitablemente, sobre el bolsillo de los contribuyentes vía impuestos o deuda.
Ignorar estos datos es un ejercicio de deshonestidad intelectual. Una política migratoria responsable no puede basarse en eslóganes, sino en la capacidad real de integración y financiación. Antes de abrir las puertas de par en par, el Ejecutivo debería explicar quién pagará la construcción y el mantenimiento de esa 'Inmigralia' invisible que, de hacerse real, podría hipotecar el futuro de los servicios públicos para todos los españoles. Las intenciones pueden ser nobles, pero las consecuencias son matemáticas.
Así las cosas, en Con Ánimo de Lucro hemos querido profundizar en los costes ocultos de la inmigración masiva y el acuerdo de regularización al que han llegado el Gobierno y Podemos. Para ello, hemos contado con los expertos Ignacio Moncada y Juan Manuel López Zafra. Precisamente, este último ha subrayado que "si yo fuera inmigrante no me regularizaría para seguir cobrando el ingreso mínimo".