Desesperación en el Gobierno de Pedro Sánchez por prorrogar del decreto antidesahucios que exigen Podemos y Sumar, pero que rechaza Junts. Desde el año 2020, el Ejecutivo tiene prohibidos los desahucios de okupas e inquilinos morosos (inquiokupas) considerados "vulnerables". Esa dudosa calificación de vulnerabilidad ha supuesto el secuestro de las casas de decenas de miles de propietarios en nuestro país causándoles graves daños económicos y psicológicos.
El pasado martes, el Gobierno intentó colar esta medida en un decreto ómnibus en el que volvía a mezclar medidas que nada tienen que ver con los desahucios, como es la revalorización de las pensiones. Sin embargo, PP y Junts no cayeron en la trampa: votaron en contra del texto propiciando una nueva derrota parlamentaria de Sánchez y una pequeña victoria para los dueños de vivienda.
El no al ómnibus del Gobierno supone la reactivación de miles de desahucios paralizados desde hace años. Eso sí, como ya publicamos en Libre Mercado, el Ejecutivo podría volver a bloquearlos con alguna de sus tretas. Y es que, el año pasado, Sánchez también mezcló los desahucios con las pensiones en otro decreto ómnibus que cayó en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, después de esta derrota, el Gobierno sí logró convencer a Junts aplicando compensaciones para los propietarios (aunque buena parte de ellos no las ha cobrado).
Ahora, el Gobierno ha decidido modificar el decreto antidesahucios con el objetivo de lograr el beneplácito de sus socios. Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto ley bautizado como "escudo social" que incluye la prórroga del polémico decreto, pero con matices.
Discriminación entre propietarios
El nuevo plan del Gobierno es prorrogar hasta final de año la suspensión de desahucios para "hogares vulnerables sin alternativa habitacional" con la excepción de que, si sus dueños son "propietarios de una o dos casas", sí podrán emprender los trámites legales necesarios para recuperar su propiedad. Esta decisión supone una discriminación de unos propietarios frente a otros.
Tanto es así que, "como novedad, en caso de propietarios de tres o más viviendas no se ejecutará desahucio cuando haya contrato y el propietario no sea vulnerable" añade el Gobierno, que también hace recaer en el propietario afectado la responsabilidad de buscar y demostrar su etiqueta de vulnerable.
El Gobierno estima que hay entre 50.000 y 60.000 familias viviendo de alquiler sin pagar gracias a este decreto (y a costa del esfuerzo de sus caseros). Con el cambio, podrían ser desahuciadas todas las personas que residan en viviendas de dueños que son pequeños propietarios.
Preguntada por si es posible realojar a todas esas personas, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha trasladado la responsabilidad a las CCAA. "Aquí hay una responsabilidad importante de las CCAA en el papel que tienen los servicios sociales para alojar a las personas vulnerables" ha señalado. "Esto requiere la colaboración de muchos más, además, del Gobierno de España" ha considerado en rueda de prensa.
Otro detalle a tener en cuenta ahora es que, con el decreto actualmente tumbado, los desalojos no serán inmediatos debido a la lentitud de la justicia en España. Ya antes del polémico decreto, los propietarios tardaban meses, e incluso, años en recuperar sus viviendas.