Si por algo se caracteriza el Gobierno de Pedro Sánchez, es por no tener pudor a la hora de atentar directamente contra la libertad de los ciudadanos y el sector privado. En todos los ámbitos de la sociedad y la política, el Ejecutivo trata continuamente de imponer su voluntad, dirigiendo la vida de los ciudadanos en cada vez más aspectos. Así, la educación no podía ser una excepción y, tras el señalamiento que el propio presidente del Gobierno hizo contra las universidades privadas –en las que él mismo estudió y trabajó–, ahora se lanza contra los centros de formación profesional privados. Sin embargo, desde el sector de la educación alertan de la necesidad de que el sector público colabore con la iniciativa privada en este ámbito.
Sánchez, contra la FP privada
En su intervención durante la clausura de la jornada 'Formación Profesional y Empresa’, celebrada este miércoles en el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Ejecutivo tiene la intención de aprobar un decreto para limitar la apertura de centros privados de Formación Profesional. Según el líder socialista, esta medida ayudará a seguir blindando" la calidad de esta formación.
Lo cierto es que Sánchez ya sostuvo el pasado verano que se debía poner "orden y control" a la oferta de centros privados de Formación Profesional. De esta forma, planteaba la posibilidad de crear "un modelo integrado de autorización y supervisión" con las Comunidades Autónomas para regular la apertura de este tipo de centros. Sin embargo, ahora Sánchez anuncia que el Gobierno lanzará en los próximos dos meses la consulta pública de este decreto, similar al que regula la creación de universidades, aprobado a mediados de octubre de 2025.
Al respecto, el secretario general de CECE (la Confederación Española de Centros de Enseñanza), Santiago García, subraya en declaraciones a Libre Mercado la importancia de la colaboración público-privada en este ámbito. De este modo, explican que cualquier iniciativa que realmente tenga por objetivo mejorar la calidad del sistema de formación profesional será bienvenida desde el sector. Además, destaca que otra de las claves es que este sistema responda a las necesidades del mercado laboral y el tejido productivo español. No obstante, enfatiza que si la medida se reduce únicamente a una persecución contra los centros privados, el Gobierno encontrará su oposición frontal.
Al respecto, aunque subraya que por ahora son cautos hasta que se publique el texto definitivo, García explica que la iniciativa privada ha tenido un papel fundamental en la formación profesional, destacando que "la FP privada ha sido el sostén durante mucho tiempo". Así, expone que, de entrada, los centros de formación necesitan establecer convenios de colaboración con las empresas para que los alumnos realicen sus prácticas formativas. Además, explica que los proveedores privados de formación profesional tienen un gran peso y señala la imposibilidad de que el sector público cubra el 100% de la demanda.
Así las cosas, subrayando la "gran labor social" que han llevado a cabo estos centros, el secretario general de CECE recuerda que, en el pasado, cuando la FP todavía no estaba tan bien vista socialmente como ahora, muchas personas dependían de los centros privados para acceder a estos servicios. Del mismo modo, destaca que en la actualidad, si bien el 66% de la demanda lo cubren los centros públicos y el 13% los concertados, el 21% de las plazas se ofertan en centros de FP privados –si bien la proporción varía en función de las regiones y los sectores profesionales–.