Uno de los grandes mantras de la izquierda política y mediática es aquel que estigmatiza a las personas más adineradas, considerando que su riqueza tiene un origen injusto y que se nutre del empobrecimiento de otros. Lo cierto es que este señalamiento contra los grandes patrimonios supone, además, una herramienta retórica más que es empleada por la izquierda con fines populistas y demagógicos. Así, la última ocurrencia del ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, consiste en establecer un nuevo impuesto que será aplicado a los considerados "ultrarricos".
Nuevo ataque a los ricos
El Ministerio de Consumo informa en un comunicado de que Bustinduy se ha reunido este viernes en París con el economista que creó la ‘tasa Zucman’ para explorar su posible aplicación en nuestro país. La propuesta del economista es gravar con un impuesto del 2% al año los patrimonios que superen los 100 millones de euros. Según los datos ofrecidos por la cartera de Consumo, este gravamen supondría una recaudación adicional de hasta 5.200 millones de euros.
En este sentido, la demagogia del ministro ha llegado al punto de que ha afirmado que gracias a este impuesto se podría erradicar la pobreza infantil. "Con un impuesto del 2% a los patrimonios mayores de 100 millones de euros en España podríamos financiar una prestación universal para erradicar la pobreza infantil", ha defendido el ministro al respecto. Del mismo modo, sostiene que este impuesto garantizaría además un sistema tributario más justo.
Por otra parte, en su visita a París el ministro de Consumo también se ha reunido con la secretaria general adjunta de la OCDE, Mary Beth Goodman. Según el Gobierno, en este encuentro se ha trabajado en distintas líneas de cooperación y apoyo con el Gobierno de España. Así, Bustinduy ha explicado que "estamos trabajando en todo el ámbito técnico para el despliegue y el desarrollo de esta posible medida que tendría un impacto extraordinario en la reducción de la pobreza infantil en España, que sigue teniendo unos niveles altísimos".
De este modo, Bustinduy ha incidido en su intención de defender a los consumidores, aunque lo cierto es que sus políticas, en el fondo, suponen más intervención y perjuicios para aquellos a los que se dice proteger. Concretamente, el ministro de Consumo ha propuesto a la OCDE trabajar en común para una regulación para el desarrollo de algoritmos para el establecimiento de precios dinámicos o personalizados y también de la protección de los consumidores vulnerables en el entorno digital.