
El PIB crece un 0,8% intertrimestral, un 2,6% interanual y un 2,8% en el conjunto del año –por cierto, pese al dato impulsado por la anestesia del gasto público, una décima menos que la estimación del Gobierno, según los datos del IVTR–2025 de la Contabilidad Nacional Trimestral.
Tira del crecimiento el gasto público, con un 1,7% interanual, que ha mantenido un crecimiento cercano al 2% interanual cada trimestre de 2025. Es llamativo que, con la fuerte desaceleración que ha sufrido la industria en los últimos meses en sus indicadores parciales, repunte con fuerza un 2,8% interanual.
El Gobierno vuelve a lanzar su discurso triunfalista sobre la economía, con sus datos de corto plazo impulsados por el gasto público y el incremento de población. Curiosamente, desde hace algún trimestre, ahora que languidece la aportación del sector exterior, los datos parecen dar una sustitución perfecta de la merma en la aportación del sector exterior con el aumento de la demanda nacional, con datos muy sorprendentes del consumo de los hogares y de la formación bruta de capital fijo cuando la tendencia de todos los indicadores es bajista, no alcista, especialmente en la inversión, que está siendo elevada, sorprendentemente al alza en los últimos trimestres.

Son datos que han cobrado impulso al final de año, de manera que un crecimiento que sea robusto siempre es algo para estar contentos. Ahora bien, ¿es realmente robusto el crecimiento de la economía española? Me temo que no.
La economía se sostiene en el corto plazo en una especie de huida hacia delante, espoleada por un gasto público de crecimiento exponencial, una deuda desorbitada y una financiación ilimitada gracias al respaldo tácito del Banco Central Europeo (BCE) con su herramienta antifragmentación. Adicionalmente, el todavía buen comportamiento del turismo y, durante buena parte del año, una buena aportación a la economía del conjunto del sector exterior, han permitido que la economía haya mantenido cierto empuje.
Es, por tanto, un crecimiento del corto plazo levantado sobre el acentuamiento de los desequilibrios estructurales que tiene la economía española. Fundamentalmente, el gasto público ha provocado este impulso temporal hacia arriba, que tendrá el recorrido que le dejen las reglas fiscales. La inmensa mayoría de fondos de recuperación de la UE no se han canalizado al sector privado, con lo que, tras la financiación inicial, en lugar de movilizar inversión privada, tendrá que haber aportaciones de fondos públicos, que con el tiempo ya no estarán financiados por la UE, tensando el gasto. Por eso el Gobierno quiere ahora poner en marcha el anunciado falso fondo soberano, porque necesita el gasto para seguir manteniendo la anestesia del crecimiento del corto plazo.
Tampoco la financiación ilimitada fruto del respaldo del BCE podrá ser eterna, y cuando se retire se encarecerá el conjunto de la financiación, perjudicando a la economía productiva y tensando el presupuesto público por un mayor pago de intereses de la deuda.
Con los hogares asfixiados por el incremento de precios y con empresas y familias que han visto encarecerse su financiación, parece difícil entender que la demanda interna vaya a ser la que sustituya a la externa de forma estructural. El reflejo del mercado laboral tampoco es bueno estructuralmente: Cae la productividad por puesto de trabajo a tiempo completo un 0,2% interanual y la productividad por hora efectivamente trabajada se mantiene en un escaso 0,4%, aunque cae intertrimestralmente un 0,4%.

Crecimiento a corto sobre un empeoramiento estructural acentuado, que nos lleva en una dirección que no puede acabar bien. Se rasgarán las vestiduras algunos por decirlo, pero son los mismos que negaban que la inflación se fuese a enroscar en la economía. Son los mismos que negaban que hubiese poca inversión en el mantenimiento de las infraestructuras. Son los mismos que negaron la crisis de 2007. El camino que lleva la economía española ni es sano ni es sostenible.
En definitiva, la economía española ha estado –y está– sostenida por el gasto público, cuyo endeudamiento enorme provoca un efecto expulsión de la inversión privada, a la que también ahuyenta la creciente inseguridad jurídica creada por el Gobierno. España necesita reformas, no más gasto, déficit y deuda, ni más impuestos. Necesita que la economía sea sostenible por sí misma, no sostenida con fondos públicos. Necesita un crecimiento sano, no uno moribundo, que languidece, mientras pierde productividad a borbotones y cada día se queda sin capacidad estructural para crecer.

