El Ministerio de Igualdad quiere modificar la orden que regula las subvenciones destinadas a proyectos de investigación, sensibilización y prevención en materia de igualdad y violencia contra las mujeres. La intención es que las entidades que aspiren a recibir dinero público deberán reconocer expresamente la prostitución como "una forma de violencia machista".
Dicho de otro modo, quien no comulgue con el dogma abolicionista que defiende Igualdad, se quedará sin subvención. No por una mala gestión o por falta de rigor técnico, sino por no pensar como el Ministerio de Ana Redondo.
Según la memoria justificativa, el nuevo requisito busca "alinear la convocatoria" con el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con la Ley Orgánica de 2022. Un pequeño detalle empaña el argumento: la prostitución no fue incluida como violencia machista en el propio Pacto de Estado, aprobado en febrero de 2025, precisamente porque los grupos parlamentarios no alcanzaron un acuerdo. El Gobierno perdió la votación… pero parece decidido a ganarla ahora por la puerta de atrás, vía subvención: o se condena la prostitución o no hay dinero.
Esta imposición ideológica ya ha provocado una reacción inmediata. El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones, al que se han sumado una treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual. En él reclaman al Ministerio que "reconsidere" una redacción que, denuncian, introduce "una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente" y vulnera principios básicos como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.
Desde StopAbolicion, asociación que subraya que no recibe "un céntimo de ninguna administración", el asombro es mayúsculo y denuncian una estrategia basada "en el engaño, la propaganda y el filibusterismo".
Pero la ironía del caso, más allá de los tecnicismos legales, es que el PSOE ahora reparte certificados de moral cuando no hay que remontarse mucho en el tiempo para encontrar los audios en los que el exsecretario de Organización, José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, ambos ahora en la cárcel, se repartían las mujeres de forma denigrante. Todo ello, sin olvidar a Tito Berni o las informaciones que afirman que Pedro Sánchez financió sus primarias en 2014 y 2017 con el dinero procedente de las saunas de su suegro.
A pesar de la memoria reciente nada benévola con el socialismo, StopAbolición denuncia que el Ejecutivo se arroga ahora la capacidad de decidir qué asociaciones merecen financiación, en lo que consideran una vulneración frontal de la Ley General de Subvenciones.