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La jefa de conservación de carreteras de Óscar Puente dimite en pleno deterioro de las autovías

Según El Economista, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos ha presentado su dimisión por discrepancias internas.

Según El Economista, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos ha presentado su dimisión por discrepancias internas.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. | Europa Press

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sufre una baja en un momento especialmente delicado para la red viaria. Según ha adelantado el diario El Economista, la subdirectora general de Conservación y Gestión de Activos, Paula Pérez, ha presentado su dimisión en medio de discrepancias internas sobre el modelo de contratación de los servicios de mantenimiento.

De acuerdo con diversas fuentes conocedoras de la decisión citadas por el mismo medio, la salida de Pérez está vinculada a su oposición a los cambios que impulsa la Dirección General de Carreteras (DGC) en los pliegos de los contratos de conservación. El sector interpreta que la reforma pretende introducir un sistema que, en la práctica, priorice el precio como elemento determinante, una suerte de subasta que, a juicio de las empresas, podría agravar el deterioro de la red.

La propuesta, que se encuentra en análisis por parte de la Abogacía del Estado, afectaría inicialmente a los contratos de conservación. Las fuentes consultadas por El Economista sitúan en ese desacuerdo el detonante de la dimisión, cuyo cese oficial se formalizará en próximas fechas.

Borrascas, baches y cortes

La renuncia se produce en plena sucesión de temporales que están tensionando la red estatal. Las últimas borrascas han acelerado el deterioro de los firmes y multiplicado las incidencias en varios corredores estratégicos. En los últimos días se han difundido imágenes de vehículos detenidos en arcenes por daños sufridos al atravesar baches de gran tamaño, con especial incidencia en la Autovía del Sur (A-4), eje clave entre Madrid y Andalucía.

Las empresas del sector advierten de que la situación no es puntual. Estiman que en la actualidad existen decenas de carreteras con cortes o restricciones por el mal estado del pavimento. Las unidades de carreteras, dependientes de la DGC, han tenido que activar actuaciones de emergencia para reparar desperfectos urgentes y garantizar la seguridad, con el consiguiente impacto presupuestario.

En este caso, el contexto meteorológico vivido en las últimas semanas tampoco ayuda. La Agencia Estatal de Meteorología ha alertado de la llegada de nuevas borrascas que podrían seguir castigando los firmes, en un escenario donde la inversión acumulada en conservación resulta insuficiente para revertir años de desgaste.

Necesidad de obras urgentes en las carreteras

Según informó Libertad Digital, la Asociación Española de la Carretera (AEC) cifró en su último informe el déficit de inversión en conservación en 13.491 millones de euros en 2025. El deterioro acumulado es significativo: cerca de 34.000 kilómetros presentan daños muy graves que requieren reconstrucción urgente, casi el triple que en 2022. Además, más de 20.000 kilómetros necesitan intervenciones urgentes en el corto plazo.

La AEC advierte de que no se registraba una situación similar desde los años 90. El déficit afecta tanto a la red estatal –unos 26.000 kilómetros– como a la autonómica y foral. Aunque el Ministerio de Óscar Puente ha incrementado partidas en los últimos ejercicios, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y las prioridades de gasto social y defensa limitan la capacidad de respuesta.

Contratos bajo sospecha

La dimisión también se produce en un momento en el que la gestión de contratos de infraestructuras está bajo sospecha. La paralización de las obras de la variante de Sabiñánigo (Huesca) ha puesto el foco sobre el exdirector general de Carreteras en la etapa de José Luis Ábalos, Javier Herrero, investigado por su presunta implicación en trama Koldo.

La obra, adjudicada durante su mandato, se encuentra ahora detenida por discrepancias entre la Unión Temporal de Empresas adjudicataria y el Ministerio respecto a un tercer modificado vinculado a exigencias de impermeabilización y seguridad.

Por ahora, las constructoras han retirado la maquinaria y operarios del tramo de 8,6 kilómetros, mientras ambas partes mantienen posiciones enfrentadas acerca de los plazos y sobrecostes, según ha informado el diario ABC. Aunque las empresas que integran la UTE no están siendo investigadas, el caso ha han comenzado las primeras dimisiones.

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