
Mientras se reaviva el debate sobre el futuro energético de España, los propietarios de la central nuclear de Almaraz, la primera que tendrá que cerrar según el calendario del Gobierno, entregaron este martes la documentación que solicitó en diciembre el Consejo de Seguridad Nuclear para estudiar su solicitud de una prórroga hasta 2030 frente a las actuales fechas: octubre de 2027 para su reactor I y noviembre de 2028 para el dos.
Según explicaron fuentes de Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), la documentación, requerida el pasado 18 de diciembre, se remitió "en tiempo y forma" y "ha sido preparada con la mayor diligencia, tras un meticuloso e intenso trabajo del equipo de profesionales de CNAT y sus empresas colaboradoras". El presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, avanzó que el dictamen llegaría previsiblemente este verano y desde el sector confían en que el Gobierno despeje la incógnita de si pueden seguir operando o no en otoño. El informe del CSN sólo sería vinculante para el Ejecutivo en el caso de que fuera negativo. Si es positivo, la decisión estará en manos del Gobierno.
Desde la central insistieron en que la central "se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir" recordando cómo su central "gemela" en Estados Unidos, la de North Anna en Virginia, ha obtenido los permisos para operar 80 años.
Esa misma idea se les trasladó este martes al grupo de eurodiputados que visitaron la central en el marco de una misión oficial para evaluar el impacto económico, energético y social que tendría el cierre de la planta después de que los vecinos, trabajadores y empresarios que integran la plataforma Sí a Almaraz, Sí al futuro lo solicitaran en Bruselas el pasado mes de mayo ante la Comisión de Peticiones.
En la visita, en que recorrieron instalaciones de la central como el edificio de turbinas y el simulador de la sala control, conocieron "de primera mano el funcionamiento de la planta, sus protocolos de seguridad y su modelo de formación continua" mediante una iniciativa de FP Dual "pionera y exitosa". Un día antes, la delegación europea se reunió con políticos de la zona, entre ellos la presidenta en funciones, María Guardiola; portavoces de los grupos parlamentarios y alcaldes de la comarca.
"Esperamos que el Consejo de Seguridad Nuclear informe positivamente pronto y que el Gobierno adopte una decisión basada en criterios técnicos y no ideológicos que suponga el mantenimiento de la central por muchos años más, igual que su central gemela de North Anna. No se puede seguir jugando con la incertidumbre de los miles de familias que dependen de la actividad de la central", demandó Fernando Sánchez, presidente de la plataforma.
La delegación europea está formada por el jefe de la misión Bogdan Rzońca (Polonia - Ley y Justicia, Grupo ECR) y compuesta por otros ocho europarlamentarios de distintos signos políticos y procedentes de cuatro países: Ignacio Sánchez Amor (España - PSOE, Grupo S&D); Elena Nevado del Campo (España - Partido Popular, Grupo PPE); Juan Carlos Girauta Vidal (España - VOX, Grupo Patriotas por Europa); Diego Solier (España - Independiente, Grupo ECR); Marcin Sypniewski (Polonia - Confederación Libertad e Independencia, Grupo Europa de las Naciones Soberanas); Sebastián Kruis (Países Bajos - PVV, Grupo Patriotas por Europa); Fredis Beleris (Grecia - Nea Dimokratia, Grupo PPE); y Kosma Złotowski (Polonia - Ley y Justicia, Grupo ECR).

