España financia una parte de sus políticas sociales sin asignar dotación alguna para dicho epígrafe en los Presupuestos Generales del Estado. Hablamos de gastos regulados que deben prestar determinadas empresas sobre las que recae esta obligación normativa sin que exista una compensación adecuada que amortigüe la factura. En la práctica, hablamos de un "impuesto en la sombra" cuyo coste supera los 3.900 millones de euros anuales, cifra que equivale aproximadamente a todo el presupuesto anual de políticas activas de empleo.
Así lo explica el último informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que pone cifras a un fenómeno que lleva años creciendo de forma silenciosa, como es la utilización de empresas privadas como vehículo para financiar objetivos públicos mediante la codificación de "obligaciones de servicio público" (OSP) que son impuestas de forma forzosa y, a menudo, insuficientemente compensada.
Al determinar este tipo de prestaciones, el Estado apunta que se trata de servicios esenciales y, a renglón seguido, decide articular su prestación y financiación a través de operadores privados a los que traslada el coste correspondiente. Lo vemos en ámbitos tan dispares como la energía, el transporte, la banca, el suministro de agua, las telecomunicaciones o los servicios postales. En todos ellos, se exige la prestación de un determinado servicio que luego solamente es reembolsado por las Administraciones Públicas de manera parcial o, en ocasiones, inexistente.
Prestar servicios en zonas no rentables, aplicar precios máximos, atender a colectivos vulnerables o sostener infraestructuras deficitarias son objetivos que pueden tener sentido desde el punto de vista de la política de ayudas sociales, pero que en muchos de los casos analizados se aplican directamente como una obligación trasladada a las empresas.
El reparto sectorial muestra con claridad dónde se concentra este impuesto encubierto:
- Transporte ferroviario: alrededor de 1.200 millones de euros en obligaciones de servicio público.
- Sector eléctrico (bono social): unos 600 millones de euros, financiados íntegramente por las empresas.
- Sector audiovisual: cerca de 600 millones de euros en obligaciones vinculadas a contenidos y cobertura.
- Sector aeroportuario: unos 560 millones de euros en bonificaciones obligatorias a residentes insulares.
- Servicios financieros: más de 200 millones de euros en costes operativos asociados a inclusión financiera y colaboración con la Administración.
- Servicio postal universal: en torno a 180 millones de euros.
El caso del "bono social eléctrico"
El bono social eléctrico es probablemente el ejemplo más claro de este impuesto en la sombra. Diseñado para proteger a consumidores vulnerables, su coste no se financia con impuestos, sino que se carga directamente sobre las compañías eléctricas. El gobierno comparece públicamente anunciando una ayuda que luego descarga sobre las empresas, introduciendo así un coste de 600 millones en el balance de las compañías del sector.
Este caso resulta especialmente notable, porque, entre 2019 y 2025, el número de beneficiarios del bono social ha crecido más de un 50%, incrementando de forma sostenida los costes de gestión, atención y suministro. En 2019, el coste ya ascendía a 139 millones de euros; mientras que hoy es cuatro veces superior.
En este programa en concreto, el 93% del coste recae sobre un reducido grupo de grandes empresas, sin un sistema de compensación presupuestaria equivalente. Es decir, una política social financiada como si fuera un impuesto sectorial selectivo, sin debate fiscal alguno.
Inclusión financiera a coste cero… para el Estado
En el ámbito financiero, las obligaciones de servicio público se multiplican: cuentas básicas gratuitas, atención presencial en zonas rurales, gestión de pagos y cobros de la Administración, ejecución de embargos, pago de prestaciones… Solamente en 2023, las entidades vinculadas a la CECA realizaron 380 millones de operaciones con las Administraciones públicas, con un coste superior a 200 millones de euros anuales.
Hablamos de un coste que asumen las entidades sin una compensación explícita y que reduce su rentabilidad en un contexto de creciente presión fiscal y regulatoria. De nuevo, objetivos de política social que son financiados mediante una carga oculta sobre un sector concreto.