Toda política fiscal empieza con una tentación: creer que el Estado puede "dar" sin antes "quitar". En cambio, el teorema de la transferencia popularizado por Arthur Laffer parte de una realidad muy simple: el Estado no crea recursos; solamente los redistribuye. Así, si el gobierno entrega a alguien un euro, ese euro ha tenido que salir antes del bolsillo de otro contribuyente. Ese pago se hará vía impuestos o vía inflación, será presente o diferido a futuro a través de la deuda y podrá provenir de personas físicas o jurídicas pero, inexorablemente, detrás de cada partida de gasto hay alguien que paga la factura.
Esto nos obliga a recordar algo que la política suele esconder: impuestos y transferencias no se pueden analizar por separado. Si sube el gasto público, sea con más ingresos hoy o con más deuda que será pagada con impuestos mañana, entonces el sector privado tiene menos dinero disponible. Nada es gratis. Igual que en el mundo de la contabilidad no hay débitos sin créditos, en la política fiscal no hay transferencias sin contrapartida recaudatoria.
El error más común —y, quizá, el más rentable desde el punto de vista electoral— consiste en suponer que redistribuir rentas no altera el volumen de ingresos sobre los que se aplica la redistribución. Se actúa, con frecuencia, como si el Estado pudiera reorganizar ingresos sin alterar los incentivos de quienes los generan. El teorema de la transferencia insiste justo en lo contrario: los incentivos importan y lo hacen en ambos extremos: influyen en las dinámicas productivas de aquel que paga y también de aquel que recibe.
Cuando se suben impuestos y cotizaciones, producir se vuelve menos atractivo (esto es, se da un efecto sustitución). Cuando se incrementan las transferencias, la renta alternativa al trabajo aumenta para algunos (es decir, se produce un efecto renta). Sumado todo, el resultado agregado tiende a ser el mismo: menos esfuerzo productivo, menos inversión y menos crecimiento potencial.
Así, llevando este escenario al límite, vemos que, si el Estado igualara completamente la renta tras impuestos y transferencias, el sistema convergería hacia una economía con cero producción. Nadie trabajaría si el resultado final fuese idéntico, con independencia de si uno se empeña o no. La conclusión no es moral; es económica.
El gasto hay que pagarlo
En España, el tamaño del Estado en términos de gasto público sobre PIB dio un salto notable tras la pandemia y se ha quedado en un escalón superior, consolidando así la dinámica expansiva que autores como Robert Higgs o Anthony de Jasay han denunciado como un fenómeno típico de las situaciones de crisis. Tal y como apuntan estos teóricos, el Estado eleva su peso invocando emergencias y no revierte a su tamaño anterior una vez se esfuman tales escenarios, lo que se traduce en un crecimiento continuado de sus estructuras.
En España, el gasto público subió de 503.193 millones en 2018 a 526.769 millones en 2019, pero se disparó a 580.164 en 2021 y siguió subiendo a 611.124 millones en 2021, 637.117 millones en 2022, 680.225 millones en 2023 y 725.001 millones en 2024. La pregunta es inevitable: ¿quién financia ese aumento continuado del gasto público? Sabemos que, si el Estado se queda con un mayor porcentaje de la renta nacional, esos recursos salen de la economía productiva, en parte hoy (vía impuestos/cotizaciones) y en parte mañana (vía deuda). Y ese circuito no es inocuo: afecta a salarios netos, a decisiones de inversión y de ahorro, a patrones de consumo, a acciones laborales y empresariales…
El ejemplo perfecto son las pensiones, que se erigen como la gran maquinaria de transferencias intergeneracionales de nuestra economía. En un sistema de reparto, el flujo es directo: trabajadores actuales pagan cotizaciones e impuestos que sufragan las prestaciones entregadas a los pensionistas actuales. No se acumula ahorro, de modo que el dinero fluye de unos a otros.
Pues bien, los datos son elocuentes. En 2019, la propia Seguridad Social informaba de un gasto en pensiones de 128.155,88 millones de euros, mientras que en 2025 se superó la rúbrica de los 189.000 millones. Y ahora, lo importante, en lenguaje de incentivos: ese aumento no lo paga de la nada "el Estado", sino que lo financian los cotizares y contribuyentes que sostienen la base imponible.
¿Cuánto "rejonazo" supone por trabajador? Para aterrizarlo, sabemos que el INE cerró 2024 con 21.857.900 ocupados (EPA). Pues bien, si repartimos el aumento del gasto anual en pensiones desde 2019 (alrededor de 61.400 millones) entre esos ocupados, el orden de magnitud es brutal, puesto que hablamos de unos 2.800 euros más por ocupado en concepto de carga "extra" a financiar cada año (vía cotizaciones, impuestos o deuda). Esto no significa que cada trabajador pague exactamente tal cifra, pero sí que la economía productiva tiene que generar el equivalente a dicha renta adicional para sostener el nuevo nivel de gasto… y aun así pretender consumir lo mismo.
Eso es exactamente lo que dice el teorema de la transferencia de Laffer y de otros economistas especializados en el estudio de la oferta. Cuando el Estado aumenta transferencias, el pagador de la transferencia tiene menos renta neta, y para mantener nivel de vida tiene que producir más… justo cuando el sistema reduce el retorno marginal del esfuerzo (por mayor cuña fiscal y expectativas de impuestos).
Cuando el aumento del gasto no se cubre con ingresos corrientes, aparece la otra cara del teorema: la emisión de deuda hoy como anticipo de los impuestos de mañana. La deuda no es "dinero gratis": es una transferencia intertemporal. Si el Estado tira de deuda para sostener gasto estructural, lo que hace es trasladar carga fiscal al futuro, presionando inversión y credibilidad y, en último término, crecimiento.
Todo ese gasto, ¿se nota en el bienestar? Lo cierto es que, sin crecimiento, no hay elevación real de los de abajo, solamente un reparto cada vez más agresivo de una tarta que cuesta agrandar precisamente porque cada vez hay más rentas obtenidas vía transferencias y menos a través de salarios productivos y rentas del trabajo. Eurostat ha encontrado que, de 2004 a 2024, el aumento del ingreso real per cápita de los hogares españoles fue el tercer más bajo de la UE. Creció un magro 11% en 20 años, lo que supone un magro 0,55% anual y contrasta con el promedio comunitario, que exhibió una subida del 22% en el mismo periodo.
No es casual: si una parte creciente de la renta nacional se dedica a transferencias rígidas (pensiones, subsidios, gasto corriente dedicado a sueldos públicos, etc.), queda menos margen para inversión productiva (como refleja el continuo declive de las infraestructuras de transporte, coronado por el caos ferroviario), ahorro público (reducción de una deuda enquistada sobre el 100% del PIB), acumulación de capital por parte del sector privado (la inversión sigue en niveles de hace seis años) y mejoras de productividad (los costes laborales suben pero la producción por ocupado no).