España arrastra un problema estructural de hipertrofia normativa que se ha convertido en un freno directo al crecimiento económico, la seguridad jurídica y la libertad económica. Este diagnóstico es el punto de partida del informe Desenredar España, presentado esta semana en un acto organizado por el Instituto Juan de Mariana y el Centro de Estudios Financieros y de Análisis Social (CEFAS) de la Universidad CEU San Pablo, en el que se expusieron por primera vez tanto los resultados del estudio como la herramienta tecnológica desarrollada para abordar el problema de forma sistemática.
Según los datos del informe, desde la Transición hasta 2021 se aprobaron en España 411.804 normas, a las que se sumaron 11.775 adicionales solo en 2022, consolidando un ritmo superior a las 30 disposiciones diarias, equivalente a una nueva regulación cada 45 minutos. Lejos de reflejar una mejora de la calidad institucional, esta acumulación responde a una lógica de intervención permanente que incrementa la complejidad legal y amplía la discrecionalidad administrativa.
El impacto económico de este exceso normativo es cuantificable. El informe presentado por el Instituto Juan de Mariana y CEFAS estima que las cargas administrativas, los costes de cumplimiento, la litigiosidad y la inseguridad jurídica asociadas a la sobrerregulación suponen un coste agregado superior a los 90.000 millones de euros anuales. Este coste actúa como un impuesto oculto que penaliza especialmente a pymes, autónomos y familias, reduce la inversión y lastra la productividad.
Con el objetivo de dimensionar y ordenar este problema, Desenredar España realiza una auditoría sin precedentes del ciclo legislativo comprendido entre 2018 y enero de 2026. El análisis se centra en 243 normas con rango de ley aprobadas bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, incluyendo leyes ordinarias, leyes orgánicas, reales decretos-ley y reales decretos legislativos. El resultado es concluyente: 204 de estas normas, el 84 % del total, son susceptibles de derogación íntegra o de una reforma profunda, ya sea por su carácter innecesariamente intervencionista, por deficiencias de técnica normativa o por una justificación funcional débil.
Desglosado por bloques
El informe no plantea una desregulación indiscriminada, sino una estrategia sistemática basada en inventario, metodología y prioridades claras. Para ello, las normas analizadas se clasifican en cinco grandes bloques de intervención que permiten actuar de forma ordenada y jurídicamente segura:
- El Bloque 1, que representa el 23 % del total de leyes del período, agrupa las leyes susceptibles de derogación íntegra al no existir mandato europeo que las respalde y tratarse de disposiciones puramente nacionales. En este grupo se incluyen normas como la Ley de Memoria Democrática de 2022, con más de 31.600 palabras, un marcado sesgo ideológico, creación de nuevos órganos burocráticos y un régimen sancionador que invade el ámbito de la libertad de expresión sin resolver problemas materiales de convivencia. También se incluyen medidas como el registro obligatorio de jornada introducido en 2019, que ha incrementado la carga administrativa y el presencialismo sin mejorar los indicadores que pretendía corregir, dado que las horas extra no pagadas han seguido aumentando.
- El Bloque 2, que supone el 16 %, comprende las leyes cuya derogación exige un canje previo de hitos con Bruselas, al estar vinculadas a compromisos del Plan de Recuperación y los fondos Next Generation EU. Un ejemplo destacado es la reforma del sistema de cotización de autónomos por ingresos reales de 2022, que ha introducido una elevada complejidad administrativa, ha incrementado la presión fiscal efectiva sobre el trabajo por cuenta propia y ha coincidido con una pérdida neta de autónomos, sin mejorar la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, cuyo déficit contributivo supera los 55.000 millones de euros.
- El Bloque 3, que representa el 13 %, incluye las normas afectadas por problemas de gold-plating, es decir, transposiciones de directivas europeas sobredimensionadas por el legislador nacional. El informe compara el caso español con otros países de la Unión Europea, como Estonia, y muestra cómo normas como la legislación española de protección de datos incorporan capas adicionales de obligaciones, controles y sanciones que elevan los costes de cumplimiento sin beneficios proporcionales en términos de protección efectiva.
- El Bloque 4, el más amplio con un 48 %, agrupa las leyes que requieren una reforma en profundidad. Se trata de normas que abordan problemas reales, pero lo hacen mediante diseños excesivamente rígidos o intervencionistas. Aquí se sitúa buena parte de la legislación de vivienda, cuyo endurecimiento ha coincidido con una caída del 56 % de la oferta de alquiler entre 2020 y 2025 y un aumento de precios del 30 %, en un contexto de creciente inseguridad jurídica para los propietarios. También se incluyen normas laborales como la eliminación del despido por absentismo, asociada a un aumento del absentismo del 53 % y a un coste agregado cercano a 130.000 millones de euros, así como la Tasa Google, que prometía recaudar 1.000 millones y apenas aporta unos 375 millones, equivalentes al 0,1 % de los ingresos tributarios, pese a imponer elevados costes de cumplimiento y riesgos comerciales.
- El Bloque 5, con un 16 %, recoge las normas cuya revisión no se considera prioritaria a corto plazo, bien por responder a consensos amplios o por presentar un menor grado de intervencionismo relativo.
Torres y torres de folios
Durante el acto de presentación, se presentó una visualización física del problema mediante la exhibición de cuatro torres de folios que reflejan el volumen real de regulación susceptible de ser revertida. Una primera torre, de 1.038 folios, representa las leyes susceptibles de derogación íntegra; la segunda, con 1.398 folios, agrupa las normas cuya eliminación exige un canje de hitos con Bruselas; la tercera, de 1.995 folios, recoge las regulaciones afectadas por gold-plating; y la cuarta y mayor, con 2.902 folios, simboliza las leyes que requieren una reforma profunda. La imagen permitió visualizar de forma tangible miles de páginas de legislación acumulada pendientes de depuración.
Para abordar esta tarea, el informe incorpora la herramienta SPAIN-DESREG, desarrollada por Foro Regulación Inteligente para IJM y CEFAS y presentada también en el evento, que emplea big data e inteligencia artificial para analizar más de 649.000 desarrollos normativos. Cada norma se evalúa según cinco métricas objetivas —carga regulatoria, complejidad técnica, potencial de liberalización, sesgo ideológico y extensión—, lo que permite jerarquizar prioridades, detectar solapamientos y simular el impacto real de su reforma o derogación. El sistema no se limita al diagnóstico, sino que genera propuestas normativas alternativas completas, listas para su tramitación, garantizando coherencia jurídica y evitando vacíos legales.
Las simulaciones incluidas en el informe muestran que es posible lograr reducciones de hasta el 90% en extensión normativa, caídas superiores al 50% en la carga regulatoria implícita y mejoras sustanciales en seguridad jurídica, demostrando que la desregulación puede ser precisa, medible y operativa, y no un gesto simbólico.
El documento presentado por el Instituto Juan de Mariana y CEFAS concluye que la sobrerregulación no es un fenómeno abstracto, sino un problema económico y político de primer orden, con efectos directos sobre empleo, vivienda, inversión y competitividad. Frente a ello, el informe ofrece por primera vez una hoja de ruta completa, basada en datos, tecnología y ejemplos concretos, para convertir la desregulación en una política pública estructural capaz de reducir costes, reforzar la seguridad jurídica y ampliar los márgenes de libertad económica en España.