La política arancelaria de Donald Trump ha abierto un nuevo frente: el judicial. Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos declarase ilegales los aranceles impuestos por Washington, las grandes empresas se preparan para demandar al Gobierno y reclamar la devolución del dinero pagado en tasas aduaneras.
La sentencia considera que la Casa Blanca no tenía base legal para imponer estos aranceles cuando se amparó en una ley para casos de emergencia. Aunque el Supremo no ordena el reembolso automático del dinero, el fallo deja la puerta abierta a que las empresas reclamen en los tribunales esos impuestos que se cobraron de forma indebida.
Entre las compañías que ya han puesto a trabajar a sus servicios jurídicos destaca FedEx, que alega daños financieros debido a los impuestos. También Costco, con un tercio de sus productos importados, ha reclamado una indemnización. Y, según The Economic Times, Revlon, Toyota, Goodyear, Alcoa y otras grandes compañías también están presentando demandas para que se les devuelva los miles de millones de dólares que pagaron en aranceles.
Otro de los sectores más perjudicados por los aranceles ha sido el de la moda y el calzado, muy dependiente de las importaciones. En Estados Unidos, la patronal del sector, la American Apparel & Footwear Association (AAFA), que representa a marcas como Inditex, Mango o H&M, ya ha anunciado que exigirá un reembolso "rápido" de los millones de euros pagados en aranceles.
Miles de millones en juego
El impacto económico no es menor. Un estudio reciente del JPMorgan Chase Institute muestra que los aranceles pagados por empresas medianas en EE.UU. se triplicaron en el último año, en gran parte por las políticas arancelarias impulsadas por la administración Trump. Este incremento ha aumentado los costes para compañías que emplean a millones de trabajadores, obligándolas a subir precios, recortar personal o aceptar márgenes de beneficio más bajos.
Por otra parte, hasta diciembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU ha recaudado unos 133.500 millones de dólares (113.389 millones de euros) en aranceles ligados a la norma derogada por el Supremo, según los datos recopilados por un estudio de Penn Wharton (Universidad de Pensilvania). Una cifra que da una idea del volumen de dinero que podría acabar en disputa en los tribunales.
Aunque la ley da un margen limitado para reclamar los reembolsos, los expertos apuntan a que el Tesoro estadounidense se enfrenta a un aluvión de solicitudes y demandas que podrían prolongarse durante años.