Lo que comenzó como un alquiler aparentemente normal acabó convirtiéndose en un grave problema para un propietario en Barcelona. Domenico Cassano, ciudadano italiano residente en España, decidió en junio de 2022 arrendar su vivienda a una joven que se presentó como trabajadora solvente y con referencias. La gestión se realizó a través de una agencia inmobiliaria, lo que, en principio, aportaba garantías adicionales.
Sin embargo, según relata el afectado para OKdiario, todo resultó ser falso. La identidad y la situación laboral de la inquilina no eran lo que parecían. "Resultó ser todo falso. Era una estafadora de serie que venía de Madrid y acabó convirtiendo mi casa en un narcopiso", explica el propietario.
La vivienda, de unos 50 metros cuadrados, está situada en la calle Aurora de la capital catalana. Cuenta con salón y baño, y se alquiló por 800 euros mensuales.
La venta de droga
De acuerdo con el testimonio de Cassano, la actividad ilícita comenzó prácticamente desde el inicio del arrendamiento. Las personas que pasaron a okupar el inmueble empezaron a vender droga desde el interior del piso, alterando de inmediato la convivencia en el edificio.
A los tres meses, además, dejaron de abonar el alquiler pactado. La situación económica se sumó así al problema de seguridad y orden público que ya afectaba tanto al propietario como al resto de vecinos.
"He vivido una pesadilla, son violentos, han destrozado todo en mi piso y la propia comunidad de vecinos, el portero automático, buzones; nos han hecho la vida imposible a mí y a todos los vecinos. Hay 25 familias en este edificio con niños y personas mayores con pánico de salir y entrar en el edificio. A mí me llegaron a amenazar con un cuchillo", relata Domenico a OKdiario.
El miedo entre los vecinos
El edificio sufrió también las consecuencias de la okupación de los narcos. Según el afectado, los daños no se limitaron al interior de la vivienda alquilada, sino que alcanzaron elementos comunes como el portero automático y los buzones.
Cassano asegura que trató de denunciar en repetidas ocasiones lo que estaba ocurriendo, pero que no obtuvo la respuesta que esperaba. "Tendría que haberme tomado la justicia por mi mano porque en este país se penaliza a la gente buena y se premia a los criminales. Porque tengo a mi mujer y a mis hijos en España; si no, me iba a mi país. En Italia hacen esto y al día siguiente estas personas están en la cárcel", afirma.
El propietario considera que el marco legal español deja en situación de indefensión a quienes alquilan sus viviendas y denuncia una falta de respaldo institucional ante situaciones de ocupación.
La intervención policial
La situación se prolongó hasta el 14 de febrero, fecha en la que los okupantes abandonaron el piso tras la intervención de los Mossos d'Esquadra. Cuando el propietario pudo acceder de nuevo a su vivienda, el estado en que la encontró era devastador. "Me he sentido abandonado por parte de las instituciones y por el Gobierno español que ayuda a los criminales", sostiene.
Los daños materiales obligarán ahora a una reforma integral. Cassano calcula que deberá invertir cerca de 40.000 euros para rehabilitar el inmueble y reparar tanto los desperfectos internos como las instalaciones afectadas.
Tras lo ocurrido, el propietario admite que ha perdido la confianza en el mercado del alquiler. Se plantea incluso vender la vivienda ante el temor de que una situación similar pueda repetirse. "Aquí radica el problema de la vivienda en España, ¿quién va a querer alquilar un piso con las leyes que tenemos en España?", concluye.
Este caso coincide además con un momento clave en el debate político sobre la okupación y los desahucios. El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, entre ellos el denominado escudo social, que incluye la prórroga de las medidas antidesahucios. El texto regresa a la Cámara Baja después de que una primera versión no lograra los apoyos necesarios para su aprobación y fuera rechazada.