
Ante la débil situación económica que vive el país, Bélgica ha decidido poner fin a las prestaciones por desempleo indefinidas. Concretamente, como informamos en Libre Mercado, el pasado 7 de octubre, el Parlamento belga decidió programar una audiencia con la aseguradora de salud federal Riziv/Inami tras haber detectado que un gran número de personas con enfermedades crónicas fueron declaradas incorrectamente como personas incapacitadas permanentemente hasta la edad de jubilación. Así, este derecho ya terminó el pasado 31 de diciembre para quienes llevaban más de 20 años percibiéndolo, pero para el grueso de los receptores y los nuevos solicitantes, esta prestación acaba de desaparecer ahora.
Fin al subsidio eterno
Este domingo Bélgica ha puesto fin al cobro de la prestación por desempleo de forma indefinida, estableciendo un límite máximo de dos años. Si bien es cierto que este derecho terminó a finales de año para aquellas personas que llevaban más de 20 años percibiéndolo.
Como informan desde el Ejecutivo, la nueva normativa se aplicará para todas las solicitudes de prestación presentadas a partir de marzo. No obstante, se detalla que para quienes ya las presentaran antes de esa fecha, el Ejecutivo belga ha previsto un régimen transitorio, con una retirada progresiva del derecho en varias fases, tal y como detallamos en Libre Mercado. Asimismo, se ha modificado el denominado sistema de "prestaciones de inserción", una ayuda destinada a jóvenes o personas con poca experiencia laboral, cuya duración quedará limitada principalmente a 12 meses.
Así las cosas, la supresión de este derecho se llevará a cabo en seis "olas" que comenzarán con la eliminación del subsidio para personas que hayan acumulado al menos 20 años de desempleo completo. De esta forma, el Gobierno belga prevé que en julio de 2027 se haya eliminado completamente el paro indefinido.
Con todo, cabe destacar que los sindicatos mayoritarios del país, CSC, FGTB y CGSLB, han sido los principales opositores a esta medida. De hecho, estas organizaciones presentaron el pasado 29 de octubre demandas de anulación y suspensión a la nueva norma en el Tribunal Constitucional por considerarla "un ataque sin precedentes a uno de los pilares de la seguridad social belga". No obstante, el Constitucional desestimó el pasado 15 de enero la petición de los sindicatos de paralizar la reforma. Frente a la opinión de estas organizaciones, el tribunal defiende que los demandantes no demostraron "suficientemente que la aplicación inmediata de las disposiciones legislativas impugnadas pueda causarles un perjuicio grave e irreparable".

