El Gobierno ha presentado HODIO, una herramienta para medir la "huella del odio" en la sociedad española, al modo en que se mide la huella de carbono. La idea, presentada en el I Foro contra el Odio celebrado esta semana en Madrid, suena a noble propósito cívico. Pero basta rascar un poco en la superficie para encontrar debajo algo bastante menos edificante: un instrumento político disfrazado de causa moral.
El primer problema es conceptual. ¿Qué es exactamente el odio que se pretende medir? Porque si uno escucha al presidente del Gobierno, el odio es algo que ejercen los demás. En el Foro, Pedro Sánchez explicó que para odiar hay que deshumanizar primero, y que esa deshumanización la practican quienes atacan a mujeres, inmigrantes y personas del colectivo LGTBI. Añadió que el odio "suele ser masculino". Es decir, el odio tiene perfil ideológico, género y dirección: viene de la derecha, es cosa de hombres y apunta siempre hacia los mismos colectivos. Lo que queda fuera de ese perímetro, por definición, no es odio. Es crítica legítima, activismo o, en el peor de los casos, un exceso comprensible.
El mecanismo es viejo pero eficaz: redefinir las palabras para controlar el debate. Si el Gobierno decide qué es odio y qué no lo es, automáticamente convierte toda disidencia incómoda en patología social. No hace falta censurar si puedes etiquetar. No necesitas prohibir una opinión si puedes clasificarla como discurso de odio y dejar que el estigma haga el resto. HODIO no es un termómetro, es un arma de señalamiento con apariencia técnica.
El caso de Óscar Puente ilustra la cuestión mejor que cualquier ejemplo teórico. El ministro de Transportes sugirió hace poco que convendría "desclasificar el expediente clínico" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, insinuando que sus declaraciones se explicarían por un "estado mental" que no es "mínimamente normal". Es decir, un ministro del Gobierno utiliza la televisión pública para sugerir que su adversaria política padece un trastorno mental. Esto, en cualquier taxonomía razonable del odio, debería encender todas las alarmas: estigmatización de la salud mental, deshumanización del adversario, uso de recursos públicos para el ataque personal. Pero estas alarmas, curiosamente, solo suenan en una dirección.
Y no es la primera vez. El propio Puente lleva años dedicando recursos públicos a monitorizar lo que la prensa y las redes sociales dicen de él y de su gestión. Solo en 2025, su ministerio gastó 142.000 euros en contratos de seguimiento de medios, rastreo de redes sociales y archivo de noticias. Llegó a reconocer públicamente que encargó a su equipo recopilar todos los insultos que recibía en columnas de opinión. Quizá el ministro podría asesorar en el diseño de HODIO: ya tiene la experiencia, el presupuesto y, sobre todo, la vocación fiscalizadora.
Esta semana hemos vivido, además, un fenómeno paralelo que complementa la operación: la exigencia de patriotismo desde la izquierda. A raíz del pulso de Sánchez con Trump por la guerra en Irán, intelectuales y dirigentes progresistas han empezado a reclamar adhesión nacional a quienes cuestionan la estrategia del presidente. Quien critica no es que tenga una opinión distinta: es que no ama a su país. La jugada es simétrica a la del odio. Allí se etiqueta como odio lo que es oposición; aquí se etiqueta como antipatriotismo lo que es discrepancia. El resultado es el mismo: el que disiente queda fuera del terreno de juego legítimo. No estás equivocado, estás contra España.
El Foro contra el Odio fue un ejercicio involuntario de autocaricatura. Para combatir la polarización, reunieron a personas que piensan exactamente igual. Para denunciar el señalamiento, invitaron a una víctima a la que la ministra organizadora pidió un aplauso antes de darle la palabra. Para luchar contra la estigmatización, el ministro estrella del Gobierno descalificaba en la televisión pública a su adversaria insinuando que necesita ayuda psiquiátrica. Todo muy coherente.
La trampa de HODIO no es que sea inútil. Es que será útil exactamente para lo que no debería: para convertir la crítica en sospecha, la oposición en patología y el desacuerdo en delito moral. Cuando un Gobierno decide medir el odio ajeno sin que nadie mida el suyo, lo que está haciendo no es proteger a la sociedad. Está blindándose a sí mismo. Porque al final, la verdadera pregunta no es cuánto odio hay en España, sino quién decide qué es odio y qué es simplemente no estar de acuerdo.