España atraviesa una preocupante deriva en materia de infraestructuras que amenaza su competitividad económica y su capacidad de crecimiento. Los datos más recientes evidencian un deterioro estructural que coincide con los años de Gobierno de Pedro Sánchez y que tiene consecuencias dramáticas para el funcionamiento del país.
El diagnóstico que ha presentado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) es contundente: España invierte sistemáticamente menos que sus socios europeos. Entre 2019 y 2024, la brecha de inversión alcanza los 19.000 millones de euros anuales, equivalente al 1,4% del PIB, con un peso especialmente significativo del sector público, responsable de un déficit de 10.500 millones al año.
La magnitud del problema se aprecia mejor al comparar con etapas anteriores. En 2007, España invertía en infraestructuras cerca de 28.000 millones de euros (2,4% del PIB). En cambio, en 2024, esa cifra se ha reducido a apenas 13.000 millones (1% del PIB), es decir, menos de la mitad en términos relativos.
Este desplome no responde a una contracción económica —el PIB ha crecido— sino a una pérdida de prioridad política de la inversión productiva. De hecho, como destaca el think tank asociado a la CEOE, "mientras la economía es hoy un 23% mayor que en 2012 en términos nominales, la inversión en infraestructuras se sitúa un 13% por debajo de los niveles alcanzados entonces". Huelga decir, por otro lado, que esta caída se da a pesar de que los ingresos públicos han alcanzado niveles récord.
La falta de inversión no solo afecta a nuevos proyectos, sino también al mantenimiento de las infraestructuras existentes: "entre 2018 y 2024, España ha invertido unos 10.500 millones anuales en conservación, cuando serían necesarios al menos 12.000 millones solo para evitar el deterioro del stock de infraestructuras. El resultado es claro: España ya no solo invierte poco, sino que ni siquiera mantiene adecuadamente lo que tiene. Entre 2013 y 2022, el déficit acumulado de mantenimiento superó los 17.000 millones de euros, lo que ha provocado una degradación progresiva del capital público".
Las consecuencias de esta política son profundas: "el stock de capital en infraestructuras, ajustado por inflación, se ha hundido, pasando del 44,3% del PIB que alcanzaba en 2013 al 34,6% registrado en 2024". Un colapso en toda regla que revela la nefasta política seguida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en esta materia.
La distorsión de la alta velocidad frente al tren de cercanías
El modelo inversor también presenta graves distorsiones. Mientras se han destinado recursos significativos a la alta velocidad, los servicios que utilizan la mayoría de los ciudadanos han sido relegados. Las redes de cercanías y convencional concentran alrededor del 90% de los pasajeros, pero han recibido una inversión comparativamente insuficiente, lo que explica problemas recurrentes, retrasos y deterioro del servicio.
El IEE añade en su estudio que "el deterioro de las infraestructuras no es un asunto técnico, sino un factor clave para la economía. Afecta directamente a la movilidad, los costes logísticos, el turismo y la productividad". El informe cita la reciente caída en el número de viajeros de trenes de alta velocidad con destino a Andalucía como ejemplo del impacto que tiene la crisis de infraestructuras en la actividad turística, hotelera y productiva.
España fue durante décadas uno de los países líderes en inversión en infraestructuras. Hoy, sin embargo, el país presenta un modelo debilitado, con menor inversión, deterioro del capital existente y una creciente brecha frente a Europa. Lo peor de todo es que la capacidad del sector privado para contribuir a revertir el problema se ve limitada por la insistencia del Gobierno en mantener bajo régimen de titularidad y gestión pública muchas de estas infraestructuras.