El interrogante del título en modo alguno es gratuito. Porque el presidente del Gobierno y el coro angélico de ministros que le circunda nos han advertido a todos los españoles que España —es decir, su Gobierno—, porque ahí está el error, ha pregonado con firmeza que "no a la guerra".
Opiniones de los españoles las habrá para todos los gustos, pero unos y otros podrían y deberían preguntarse a qué política damos nuestro sí.
Pregunta que tampoco se ha planteado ante las Cámaras, porque desde el día 24 de noviembre de 2022, en que el Congreso de los Diputados aprobó los Presupuestos para el año 2023, el silencio impera en la Carrera de San Jerónimo.
De todos modos, y marginando preámbulos que podrían ser ilustrativos pero no necesarios, volvamos a la cuestión principal que se planteaba en el título de estas líneas. Nuestra política económico-social, ¿se enmarca en el camino del crecimiento económico para mayor bienestar de todos los españoles o, por el contrario, en establecer una estructura de Estado providencia con sus pormenores?
¿Quién, si no Las Cortes, están autorizadas a dar respuesta? Entre tanto, las políticas parciales van tomando forma con sus ventajas y sus inconvenientes. La más notable de sus derivaciones es un creciente absentismo laboral, que en el año 2025 se ha situado en el 6,6%, equivalente a 1,48 millones de empleados que, a diario, faltaron a su puesto de trabajo, de los cuales 1,16 millones se encontraban de baja médica, y 313 mil personas, o sea el 21,2% de los totales ausentes, faltaron al trabajo por motivos distintos a la incapacidad temporal por razones médicas [Randstad Research, 30/12/2025].
Además de estos, hay que tomar en consideración aquellos que no forman parte, activa o pasiva, del mercado laboral y que son beneficiarios de una pensión no contributiva, o bien de la Renta Mínima de Inserción o del Ingreso Mínimo Vital que, conjuntamente, se sitúan por encima de los tres millones de personas (3,2 millones).
Hay que añadir, a los ya enumerados, aquellos que perciben un subsidio, no prestación, por desempleo, que en el mes de enero se aproximaban a las ochocientas mil personas, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, siendo sus causas bien distintas.
Así, las causas cuantitativamente más importantes de este grupo son los casos de mayores de 52 años, también los de aquellos que han agotado la prestación contributiva y, a sensu contrario, los que tienen un período cotizado que no les permite acceder a la prestación contributiva.
Además, en este grupo, cual cajón de sastre, se incluyen también las víctimas de violencia de género, los emigrantes retornados, los que han sido liberados de prisión y, finalmente, un número abierto de beneficiarios por el complemento de apoyo al empleo.
Ante tantas escapatorias, resulta sorprendente que todavía en el mes de febrero el número de cotizantes medios a la Seguridad Social alcanzó el nivel de 21.670.636 afiliados, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
¡Verdaderamente sorprendente, ¿no!?
¿Quizá pueda ser un contrapeso de humanidad frente al absentismo egoísta que nos abate?