El intento de asonada de los cinco ministros ultraizquierdistas durante el pasado Consejo de Ministros, al que se negaron a asistir si el presidente no atendía sus peticiones, se saldó con una nueva rendición de Pedro Sánchez para contentar a los radicales que mantiene en el Ejecutivo. El espectáculo grotesco representado por los ministros de Sumar, más propio de una asamblea estudiantil que de un Gobierno solvente, podía haber quedado en una representación pueril del supuesto enfado del ala ultra-ultraizquierdista del sanchismo, sino fuera por la importancia de las medidas que impusieron a Sánchez para no hacer saltar por los aires el Gobierno de coalición.
Hablamos de un sector como el de la vivienda, vapuleado por las continuas ocurrencias de la ultraizquierda que, como sucede siempre que se aplican sus recetas, han agravado el problema que pretendían solucionar. El marcado carácter antiliberal y su nula capacidad de entendimiento de las interacciones sociales en una economía desarrollada, convierte a los políticos izquierdistas en sujetos especialmente dañinos cuando ejercen el poder. El resultado de las continuas coacciones estatales introducidas en el sector es el que ya muestran todos los indicadores: precios disparados, reducción del parque de alquiler y la imposibilidad del acceso de las familias con menos recursos a una vivienda asequible, convertida en un bien cada vez más escaso por culpa de la continua intervención gubernamental.
El sanchismo utiliza cualquier pretexto para imponer sus medidas draconianas en la economía española. A estos efectos, la intervención militar de EEUU e Israel en Irán está siendo utilizada como un salvoconducto para introducir reformas por la vía de urgencia, que nunca habrían visto la luz si se sometieran al trámite parlamentario habitual. El último Consejo de Ministros fue empleado precisamente para pergeñar un nuevo Decreto Ley que, para consternación de los expertos, introduce medidas gravemente contraproducentes como la prórroga automática durante dos años de más de 600.000 contratos de alquiler actualmente en vigor.
Como denuncia la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, la congelación de rentas o la prórroga forzosa de los contratos con el pretexto de la guerra de Irán van a agravar la situación del alquiler, puesto que "las intervenciones excesivamente restrictivas tienden a retraer la oferta disponible, reduciendo las opciones para los inquilinos y afectando a los colectivos más vulnerables". A este rechazo se ha unido la CEOE, que advierte de que la aplicación de este segundo Real Decreto en materia de vivienda supone una "injerencia injustificada en el derecho a la propiedad privada y genera una preocupante inseguridad jurídica".
Pero a Sánchez no le importan los derechos de los propietarios ni la seguridad jurídica del mercado, las dos grandes cuestiones que el Gobierno está obligado más que nadie a respetar. Lo que le interesa es mantener la ficción de que preside un Gobierno unido con capacidad política para agotar la legislatura, aunque sea entregando el mercado inmobiliario a sus socios ultraizquierdistas para que acaben de destrozarlo. La seguridad de que el decreto aprobado esta pasada semana será rotundamente rechazado en el Congreso cuando toque validarlo, es ya la única esperanza de los propietarios de viviendas vacías y sus futuros inquilinos, sometidos a la demagogia política de un Gobierno vendido a los extremistas.