La regularización masiva que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada sigue siendo objeto de debate. La contribución de la inmigración a las cuentas públicas, el gasto que generan en el sistema, su cualificación laboral… todos estos asuntos están de plena actualidad.
Según ha establecido el Ejecutivo, para optar a la regularización del Gobierno es necesario probar haber residido en España al menos 5 meses (con documentos públicos y privados), no tener antecedentes penales (que no policiales) y cumplir uno de estos tres requisitos: haber trabajado con contrato (o tener la intención de trabajar presentando uno), residir con menores de edad o mayores dependientes o ser calificado como "vulnerable".
Bien es cierto que, como se observa en el documento oficial, las "circunstancias sobre vulnerabilidad" son poco precisas y subjetivas, por lo que se deja todo el proceso a la interpretación de cada caso que quieran hacer los servicios sociales o las entidades colaboradoras. Todo apunta a que darán muchas facilidades.
No hay un plan económico
Sin embargo, formar parte del colectivo de "vulnerables" no solo va a servir a los inmigrantes para conseguir la ansiada regularización, sino que también les va a acercar a algunas prestaciones de calado como es el IMV.
Libre Mercado ha preguntado en varias ocasiones al Ministerio de Seguridad Social sobre si han calculado el coste que tendrá en esta prestación la regularización masiva que han aprobado, pero no contestan a esta pregunta. Se limitan a facilitar un enlace con los criterios y requisitos para cobrar el IMV.
Cabe recordar que este subsidio se otorga a las personas con residencia legal y con unas rentas declaradas muy bajas, donde probablemente, entrará buena parte de este medio millón y que puede llegar a los más de dos millones según la Policía).
Récord de gasto en el IMV
Los últimos datos de marzo del IMV reflejan que se ha vuelto a registrar un récord tanto de prestaciones como de beneficiarios. En concreto, más de 2,53 millones de personas en España se beneficiaron del IMV en el tercer mes del año (829.399 de hogares).
Desde su aprobación, más de 3,5 millones de personas han cobrado el IMV, que acumula un coste para las arcas públicas de 19.833 millones de euros. En un año, que es el periodo mínimo de residencia legal que se exige para empezar a cobrarlo, esa cifra puede multiplicarse.
Desincentivo al empleo
Además, el IMV tiene algunas deficiencias, como señaló la Airef. Una de las más preocupantes es el desincentivo al empleo:
- Cobrar el IMV disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, aunque, llega a superar el el 20% cuando se trata de nóminas altas o jóvenes.
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A los que se quedan sin IMV, les aumentan las ganas de trabajar, un 7%.
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El 90% de los beneficiarios permanece más de doce meses cobrándolo, el 75%, supera los veinticuatro meses, y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de tres años. Por lo que no es una paga de emergencia.