El Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a recurrir a su herramienta favorita: el titular efectista para ocultar una gestión económica suicida. La aprobación de la regularización masiva de cientos de miles de inmigrantes ilegales no es, como pretende vendernos la propaganda monclovita, un acto de "justicia social" o una solución mágica para el mercado laboral; es, en términos estrictamente económicos, una patada hacia adelante que compromete el futuro de los españoles.
Bajo el mantra de que esta medida "pagará las pensiones", la ministra Elma Saiz oculta una realidad contable que los datos de Libre Mercado vienen advirtiendo con insistencia. Es falso que la incorporación masiva de mano de obra, en su mayoría no cualificada, sea la panacea para un sistema de Seguridad Social quebrado técnicamente. Al aflorar esta economía sumergida, el Estado obtiene un alivio inmediato en la recaudación por cotizaciones, sí; pero a cambio, el Gobierno está firmando cheques en blanco para el futuro. En apenas una década, esos cientos de miles de nuevos residentes generarán derechos de gasto en pensiones, sanidad y servicios públicos que, dada la baja productividad de nuestra economía, el sistema será incapaz de sufragar.
A esto se suma el irresponsable "efecto llamada". En plena crisis migratoria, enviar el mensaje de que basta con aguantar unos meses en la ilegalidad para obtener los papeles es una invitación al caos en nuestras fronteras y un insulto a quienes cumplen con los cauces legales. No se puede pretender ordenar el mercado laboral desde la arbitrariedad de un decreto que ignora que España ya ostenta el liderato europeo en paro juvenil. ¿De qué sirve aumentar la oferta de mano de obra si el intervencionismo gubernamental sigue asfixiando la creación de empleo con costes laborales inasumibles?
Mientras las delegaciones de extranjería colapsan ante una administración incapaz de gestionar el día a día, Sánchez prefiere el populismo migratorio a las reformas estructurales. El resultado es previsible: más presión sobre unas cuentas públicas ya saturadas y un agujero en el sistema que terminarán pagando, como siempre, los contribuyentes vía impuestos. La demagogia no paga pensiones; solo las destruye más rápido. España necesita talento, productividad y seguridad jurídica, justo todo lo que este proceso de regularización masiva pone en peligro.