Desde este 1 de junio, los españoles pagaremos más por ducharnos, por enfriar nuestra casa y por calentar nuestro hogar en invierno. El IVA de la electricidad y el gas regresa al 21%, y el Impuesto Especial sobre la Electricidad vuelve a su tipo habitual del 5,11%. El motivo oficial: la inflación de abril no superó el umbral del 15% fijado en el decreto. Traducción real: el Gobierno considera que ya no nos merecemos el descuento. Eso, en un país donde la energía lleva años siendo sistemáticamente más cara de lo que debería, no es una buena noticia. Es una señal de alarma.
Conviene recordar de dónde venimos. Las rebajas fiscales de marzo no fueron un ejercicio de generosidad gubernamental, sino una respuesta de emergencia al encarecimiento energético provocado por la crisis del Estrecho de Ormuz. El Estado, incapaz de abordar las causas estructurales del problema, recurrió a lo de siempre: bajar temporalmente los impuestos que él mismo había subido, crear la ilusión de alivio y reservarse el derecho a retirarlos en cuanto los datos macroeconómicos lo permitieran. Ahora los retira. Y la factura vuelve a caer sobre el consumidor.
El problema de fondo no es este IVA concreto. Es que España tiene un sistema energético diseñado para recaudar, no para abastecer. Un mercado intervenido hasta la médula, con impuestos que se acumulan sobre impuestos, regulaciones que desincentivan la inversión privada y una dependencia estructural del exterior que nos hace vulnerables a cualquier sacudida geopolítica. Cuando el Estrecho de Ormuz se cierra, nosotros encendemos menos la calefacción. Esa es la realidad de una política energética construida sobre parches fiscales en lugar de sobre infraestructuras, diversificación y mercados libres.
El Ejecutivo se escudará en que el impacto es menor en verano, cuando el consumo de gas y calefacción cae. Técnicamente, cierto. Políticamente, una coartada. Porque los pellets, la leña y el gas no desaparecen del presupuesto familiar en junio; simplemente se posponen. Y cuando llegue el otoño, la factura acumulará meses de IVA al tipo máximo.
Los técnicos de Hacienda y la propia Comisión Europea ya han advertido que estas rebajas generalizadas son ineficientes y regresivas. Tienen razón, pero por las razones equivocadas: la solución no es retirar el alivio fiscal, sino eliminar la carga excesiva que lo hace necesario. Un sistema energético sano no necesita que el Gobierno te devuelva con una mano lo que te quitó con la otra. Necesita menos Estado, más competencia y precios que reflejen la realidad, no la conveniencia electoral de turno.