Acaba de cumplirse un año del famoso apagón, aquel episodio que dejó al país a oscuras y alumbró, paradójicamente, todas las carencias de nuestra política energética. Se fue la luz, se evaporó internet, enmudecieron los cajeros y quien no llevaba dinero en efectivo descubrió de pronto que la modernidad también caduca. Fue una excursión involuntaria a los años ochenta: las radios desaparecieron de las tiendas y el metálico volvió a reinar como un monarca rehabilitado. Nunca habíamos visto cosa igual en nuestra vida.
Un año después llega la hora de ajustar cuentas. Cada escrito procesal, cada alegación, cada defensa, nos devolverá previsiblemente a la misma pregunta que el sistema todavía no ha sabido contestar: si el colapso del 28 de abril de 2025 fue el fallo de unas plantas concretas, la consecuencia de una operación insuficiente de la red o la manifestación más grave de un problema más hondo: la dificultad del sistema eléctrico para adaptarse a su nueva anatomía de generación.
No entraré ahora en la costumbre nacional de señalar culpables, pero sí en una evidencia elemental: cuando entra nueva energía, especialmente renovable, el sistema exige más previsión, mejores redes y mecanismos reforzados de control de tensión, frecuencia y respaldo operativo. Dicho de otro modo: no basta con inaugurar molinos y paneles; luego hay que gobernar sus caprichos técnicos.
La propia presidenta de la CNMC recordó esta semana en el Congreso que el día del apagón existían instrumentos regulatorios suficientes para controlar la tensión, aunque admitió también que la investigación sigue siendo compleja y multifactorial. En España casi toda responsabilidad termina teniendo origen multifactorial cuando nadie quiere ser culpable. Y esta causalidad múltiple arruina cualquier tentación de encontrar un solo responsable y colgarle el sambenito. El Comité de Expertos impulsado por el Gobierno apuntó ya hacia una combinación de sobretensión y mala coordinación del sistema, repartiendo responsabilidades entre Red Eléctrica y diversas compañías generadoras. Después llegó la Comisión del Senado, dirigida por la mayoría del PP, cuyas conclusiones cargaban contra el Gobierno, contra REE y contra la CNMC. Cada cual encontró en la avería al adversario que ya traía de casa. Porque en España hasta los apagones se reparten por bloques.
Mientras tanto, el Gobierno persevera en una política energética que demoniza precisamente a una fuente que aporta en torno al 20% de la generación eléctrica: la nuclear. No me dirán que no tiene algo de extravagancia nacional. Cerramos lo que funciona para comprar fuera lo que nos falta, al precio que otros decidan y generando inestabilidad.
Hasta Ursula von der Leyen ha introducido matices, que en Bruselas es la forma educada de rectificar. Ha reconocido que la retirada progresiva de la energía nuclear en Europa respondió a decisiones políticas de otras décadas, pero que, desde una perspectiva estratégica, resultó un error para un continente que apenas produce combustibles fósiles. Europa importa más del 90% del petróleo que consume y cerca del 80% del gas natural. Presume de soberanía mientras espera al barco.
Desde el punto de vista técnico, la experiencia española refuerza una evidencia incómoda: las renovables son imprescindibles para descarbonizar, pero necesitan respaldo firme para garantizar la estabilidad del sistema. Las centrales nucleares proporcionan generación continua sin emisiones directas de CO₂, mientras que su cierre obligaría a cubrir parte de esa producción con gas cuando no haya sol o viento suficiente. El ecologismo de pancarta acaba demasiadas veces enchufado al gas.
Y la realidad ya empieza a pasar factura. El despliegue masivo de renovables está provocando episodios recurrentes de vertido de energía y tensiones en la gestión de la red, especialmente en determinadas franjas horarias, en las que sobra electricidad pero falta capacidad para almacenarla o transportarla. El almacenamiento con centrales hidráulicas reversibles constituye una de las pocas soluciones capaces de aportar potencia firme, inercia y capacidad de regulación a gran escala. Y además, la orografía española se presta afortunadamente a esta solución técnica. Sin embargo, el principal instrumento público para impulsarlo camina con paso de ventanilla y sello oficial, no con la prisa que reclama el kilovatio.
En un momento en que la competitividad industrial y el empleo están en juego, cerrar capacidad firme sin alternativa real es una temeridad cara. La soberanía energética no se proclama en ruedas de prensa: se construye con centrales, redes y decisiones adultas.