El Gobierno ha vuelto a hacer lo que mejor sabe: anunciar a bombo y platillo lo que no piensa cumplir. Aquellas 200.000 viviendas que Pedro Sánchez prometió como bálsamo contra la angustia residencial de los españoles han pasado a engrosar el imponente cementerio de promesas socialistas. Cero entregadas. Cero llaves. Cero familias acomodadas. Solo titulares, fotografías ministeriales y la convicción de que en este país la propaganda sustituye con éxito a la política pública.
Ahora, en un nuevo ejercicio de improvisación, el Ejecutivo anuncia que transferirá 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que construyan ellas lo que el Estado no ha sido capaz de levantar. Magnífico. El detalle, eso sí, es que nadie en la Moncloa ha tenido la elemental cortesía de sentarse con las autonomías para conocer sus verdaderos problemas: la asfixia urbanística, la parálisis del suelo, la maraña de licencias, los recursos eternizados en los tribunales. Se reparte dinero como quien lanza confeti, sin diagnóstico y sin plan. Parches sobre parches, mientras la herida supura.
Y supura mucho. El último informe disponible recuerda que un hogar español dedica ya cerca del 40% de su renta disponible al alquiler, una cifra que en Barcelona se dispara al 46%. Es decir, casi la mitad del esfuerzo de una familia se evapora antes de pagar la luz, la cesta de la compra o la matrícula escolar. Esa es la cosecha real de seis años de intervencionismo, Ley de Vivienda, índices de referencia, topes y zonas tensionadas. Cuanto más regula este Gobierno, menos vivienda hay y más cara se paga. No es mala suerte: es manual de termodinámica política.
Por si faltara algún ingrediente al disparate, Pablo Bustinduy ha decidido inaugurar la jornada con una multa millonaria a Alquiler Seguro, una empresa cuya actividad consiste, precisamente, en dar seguridad jurídica a propietarios y a inquilinos para que el mercado funcione. Es el método Sumar: si el problema es el déficit de oferta, ataquemos a quienes la sostienen. Resultado garantizado: más propietarios retirando pisos del mercado y más jóvenes condenados a compartir habitación pasados los treinta.
España no tiene un problema de vivienda; tiene un problema de Gobierno. Uno que prefiere subvencionar antes que liberalizar, anunciar antes que construir y multar antes que comprender. Mientras tanto, los españoles pagan el alquiler con los dientes apretados. La factura, como siempre, llegará en las urnas.