Hace años que Libertad Digital publica los líos y bochornos internacionales en los que nos ha metido el Gobierno de Pedro Sánchez en su empeño en no satisfacer a las empresas que vinieron a establecer sus inversiones en fotovoltaica y eólica en España en tiempos de Zapatero y a quienes el Gobierno de Rajoy cambió las reglas del juego a mitad de partida.
La génesis de este problema nos lleva hasta el Gobierno de Zapatero, quien decidió que en plena crisis subprime y financiera, el sufrido contribuyente español tenía que pagar la curva de desarrollo de la tecnología eólica y fotovoltaica como fuente de energía limpia. En aquellos años, Zapatero puso en marcha subvenciones millonarias que permitían a los inversores internacionales amortizar de una manera acelerada y garantizarse un jugoso retorno de la inversión en fotovoltaica y eólica en España.
Aquella política generó un déficit de tarifa enorme. Insoportable para el bolsillo no solo del contribuyente, sino de quien terminaría pagando ese gap, el consumidor. Los clientes que pagan el recibo eléctrico. Por este motivo en 2014 el Gobierno de Rajoy, concretamente su ministro de Industria, José Manuel Soria, decidió acabar con esa política de subvenciones de manera retroactiva, cambiando las reglas del juego a los miles de inversores que habían venido a España al calor del kilovatio sostenible y subvencionado.
Esto ha provocado reclamos internacionales a lo largo y ancho del mundo que, lógicamente, el Gobierno español ha ido perdiendo. El pecado, lo que hace que hablemos de inseguridad jurídica y vergüenza mundial es el empeño del Gobierno de Sánchez de impagar estas obligaciones. Los laudos fallan sistemáticamente en contra de España. La deuda ya asciende a los 2.300 millones, pero más allá del dinero, lo peor es la huella que deja en materia de seguridad jurídica. España, por este motivo, se ha convertido en el país desarrollado con mayor inseguridad jurídica.