El Gobierno de Pedro Sánchez parece que se está preparando ante la posibilidad de que se produzca un nuevo apagón como el que sumió a la Península Ibérica en un cero absoluto el pasado 28 de abril de 2025. Sin embargo, en lugar de poner en marcha medidas realmente efectivas que puedan garantizar el suministro eléctrico en nuestro país, el Ejecutivo prefiere implementar nuevas regulaciones y exigencias para los operadores privados.
Concretamente, el Gobierno está preparando una nueva normativa para reforzar las telecomunicaciones ante apagones y otras incidencias que afecten al suministro eléctrico. Así, el futuro Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas obligará a los operadores a mantener la cobertura durante varias horas incluso cuando se produzca una caída de la red eléctrica.
¿Habrá otro apagón?
Durante su intervención en el encuentro DigitalES Summit, celebrado en Madrid, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este jueves que el Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas y determinadas infraestructuras digitales —cuya aprobación se prevé para antes de finales de 2026— obligará a los operadores a mantener una cobertura de cuatro horas para el 75% de la población en caso de caída de la red eléctrica.
Según el ministro, esta exigencia se implantará de forma progresiva para facilitar las inversiones necesarias por parte de las compañías. De este modo, el calendario previsto establece que durante el primer año de vigencia del real decreto deberá garantizarse esa cobertura para el 50% de la población, porcentaje que aumentará al 65% en el segundo año y alcanzará el 75% en el tercero.
Para lograrlo, los operadores deberán desarrollar gradualmente nuevos planes de seguridad, reforzar la redundancia de sus sistemas e incorporar baterías y otros mecanismos de respaldo en las antenas de telecomunicaciones.
Anunciamos un nuevo derecho digital para la ciudadanía: garantizar por ley al menos 4 horas de cobertura móvil en caso de apagón.
Lo haremos mediante un nuevo Real Decreto que reforzará la seguridad y resiliencia de las redes de telecomunicaciones 👇 pic.twitter.com/IWKZK0yJ3A
— Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) June 25, 2026
En este sentido, la normativa también establecerá requisitos específicos para las infraestructuras consideradas estratégicas dentro del sistema de comunicaciones. Concretamente, las instalaciones catalogadas como de nivel intermedio, entre ellas determinados centros de gestión cuyo funcionamiento afecta a varias comunidades autónomas o regiones, tendrán que mantener la operatividad durante al menos 12 horas sin suministro eléctrico.
Por su parte, las instalaciones esenciales de primer nivel, como los centros de control donde se concentra la gestión de las redes nacionales, deberán garantizar su funcionamiento durante un mínimo de 24 horas en caso de apagón. De acuerdo con el Gobierno, el objetivo es reducir el riesgo de interrupciones prolongadas en servicios de comunicaciones considerados esenciales para el funcionamiento del país.
En cualquier caso, uno de los aspectos centrales del decreto será el refuerzo de los sistemas de comunicación utilizados por los servicios de emergencia. Tal y como ha adelantado el ministro de Función Pública, la norma obligará por primera vez a los operadores que prestan conectividad a los centros de emergencias 112 a elaborar y presentar planes específicos de seguridad. Además, deberán disponer de sistemas de redundancia que permitan mantener las comunicaciones incluso si una de las redes utilizadas deja de funcionar.
Así las cosas, las obligaciones previstas no se limitarán a las compañías de telecomunicaciones. De acuerdo con el Gobierno, la norma también afectará a gestores de infraestructuras digitales como cables submarinos, sistemas satelitales, centros de datos y puntos de intercambio de internet, siempre que superen determinados umbrales de actividad. De este modo, quedarán incluidos los operadores con más de 500.000 usuarios o con ingresos superiores a 50 millones de euros, así como aquellos considerados operadores críticos o prestadores de servicios de emergencia. No obstante, excluirá expresamente las redes vinculadas a la Seguridad Nacional y la Defensa.