La cruzada de la nueva Administración de Donald Trump contra la imposición de la agenda woke en el sector privado ha puesto su foco en el gigante deportivo Nike. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) ha solicitado a un tribunal federal que obligue a la compañía a entregar documentación interna, alegando indicios de que sus políticas de contratación penalizan a los empleados por ser blancos.
El organismo federal sostiene que los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) de la marca podrían constituir una discriminación racial intencional. La investigación apunta directamente a los "Objetivos 2025" de Nike, diseñados para favorecer a determinados grupos demográficos en procesos de selección y ascensos, lo que en la práctica habría generado un sistema de cuotas ilegal. Las acusaciones se remontan en algunos casos a 2018, durante el primer mandato de Trump en la Casa Blanca.
Andrea Lucas, presidenta de la EEOC, ha defendido que la Ley de Derechos Civiles protege a todos los ciudadanos y que las iniciativas de ingeniería social no pueden justificar un patrón de trato desigual. Según la agencia, decisiones críticas sobre desarrollo profesional y despidos se habrían tomado basándose en criterios raciales bajo el pretexto de la representatividad.
La EEOC ha asegurado haber solicitado a Nike información sobre sus criterios en cuanto a despidos, su tratamiento de los datos relativos a etnia y raza y las oportunidades de mentoría, liderazgo o desarrollo profesional ofrecidas en diez programas bajo restricciones raciales. "Al no proporcionar la información solicitada en la citación, la agencia interpuso una demanda de cumplimiento ante un tribunal federal", ha justificado la entidad. Desde la multinacional han calificado la demanda como una "escalada sorprendente" y aseguran haber colaborado de buena fe entregando miles de documentos.
Pese a la defensa de Nike sobre sus esfuerzos por la igualdad de oportunidades, la Administración republicana mantiene su ofensiva para fiscalizar si estas prácticas corporativas vulneran los derechos civiles de los trabajadores. Como recuerda Lucas, el título VII de la Ley de Derechos Civiles que prohíbe la discriminación laboral por motivos raciales "no hace distinciones de color y exige a la EEOC que proteja a los empleados de todas las razas de las prácticas laborales ilegales".