En la misma semana que la mayoría de izquierdas del Tribunal Constitucional se prepara para la anulación total o parcial de las condenas por el caso ERE de Andalucía y en vísperas de la celebración del Orgullo, el Gobierno de Pedro Sánchez anunció un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que la Asamblea de Madrid aprobó de las leyes Trans y LGTBI, con el voto a favor del PP y de Vox. El recurso se dirige contra algunos artículos de estas normas, como el que hace referencia al acompañamiento psicológico a los menores que, según se explicó, ahora quedarán en suspenso hasta que el tribunal de garantías decida.
"Lo que ayer vimos es un nuevo bulo del Gobierno de Pedro Sánchez y una nueva forma de tratar de confrontar con el Gobierno de la Comunidad de Madrid y hacerlo, además, en la antesala de la celebración del Orgullo", contestó un día después, este miércoles, el portavoz del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. "Ayer la ministra mintió, no se ha presentado ningún recurso contra las terapias de conversión" porque éstas "están prohibidas", aclaró Miguel Ángel Martín en rueda de prensa desde la Real Casa de Correos.
En el Gobierno madrileño causó una honda sorpresa esta decisión. "No sé quién puede estar en contra de que los menores puedan recibir asesoramiento experto, técnico, y no doctrina o ideología cuando tienen que someterse a un proceso tan complejo como es éste", señaló el portavoz que afeó también que el Ejecutivo central "no haya tenido ningún ánimo de negociar". Y es que ayer la propia ministra, Ana Redondo, reconoció que aún no había concluido el plazo preceptivo de seis meses de esas negociaciones.
"El Gobierno de España no tenía ninguna intención de llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid sobre la reforma de las leyes trans y LGTBI regionales, que protegen a los menores", indicó este martes la consejera del ramo, Ana Dávila, que recordó que en su encuentro con la ministra de hace unos días ella misma le reconoció que "existe mucho sufrimiento en las familias y en cada persona que se somete a un proceso de transición". Así, desde la Comunidad consideran que "es necesario facilitar ese acompañamiento a los menores en un proceso que es irreversible".
La portavoz parlamentaria del PP en la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea, Mónica Lavín, lo resume así: "Las mentiras de la ministra de Igualdad". Lavín, encargada de defender la reforma en el Parlamento madrileño, explica que "es mentira que las terapias de conversión las prohíban ahora con este recurso. Las terapias de conversión ya estaban prohibidas y lo seguían estando con nuestra reforma, expresamente".
La también secretaria de familia de los populares madrileños se muestra asombrada por que Redondo presente como "un avance" que ya no se requerirá informe psicológico ni psiquiátrico para iniciar el tratamiento en menores, algo que "contraviene" todas las reivindicaciones de sociedades médicas y científicas, de las familias y de los propios interesados, que venían clamando dicho acompañamiento, y la descriminalización de la actuación de los médicos.
Lavín también considera que con esto también se da la espalda a la evidencia científica y a los últimos estudios conocidos en Reino Unido, que está conduciendo a cambiar las legislaciones para garantizar un abordaje más sensato, en aras de la protección de la infancia. Para la diputada del PP en la Asamblea el objetivo del Gobierno de Pedro Sánchez con este recurso es claro: "Usan este asunto para ganar réditos políticos y tener algo que enseñar en la semana del Orgullo".
"Esto era el verdadero avance, señora, y ese debía ser también el compromiso del Gobierno: el de la protección de la infancia y de la mujer, especialmente de los más vulnerable, y no el fanatismo sectario de sus organizaciones afines", concluye.
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