El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a ir al coche contra el Ejecutivo autonómico de Isabel Díaz Ayuso, esta vez a cuenta de la modificación de la llamada Ley Trans de la Comunidad de Madrid. La portavoz Pilar Alegría ha anunciado este martes, en vísperas del Día internacional del Orgullo, que el Consejo de Ministros ha aprobado interponer sendos recurso de inconstitucionalidad contra las leyes trans y de protección de las personas LGTBI de la Comunidad de Madrid, que quedarán en suspenso mientras el tribunal de garantías los resuelve.
Estos recursos del Gobierno central se sumarían al que ya interpuso el Defensor del Pueblo hace unos meses al entender que exigir que los menores cuenten con apoyo de profesionales de salud mental si quieren acceder a terapia hormonal para cambiar de sexo o pedir un informe favorable del médico que les trata si padecen alguna enfermedad son requisitos "patologizantes y desproporcionados".
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, presente en la sala de prensa de La Moncloa, ha considerado que la normativa de la Comunidad de Madrid es "claramente regresiva" al limitar e imponer nuevos requisitos para ejercer derechos que se reconocían en leyes autonómicas previas y al recortar además derechos protegidos por la legislación estatal.
En los últimos meses se han producido contactos entre Moncloa y la Puerta del Sol para establecer el marco en el que se debía encuadrar la legislación madrileña antes de recurrir a la vía judicial. Así lo ha reconocido también la propia Redondo, que ha asegurado que se ha decidido acudir al Constitucional ante la falta de avances en la negociación aunque ha reconocido que no han concluido el plazo preceptivo de seis meses.
"El objetivo de la Comunidad de Madrid siempre ha sido proteger a los menores de unos tratamientos que son irreversibles", ha replicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno madrileño, Ana Dávila. También "acompañarles en un proceso en donde existe mucho sufrimiento", tal y como reconoció la propia ministra de Igualdad en un encuentro que mantuvo con la consejera hace dos semanas. "Hemos escuchado a las sociedades científicas, a las sociedades médicas, a las propias familias, a los profesionales que es necesario ese acompañamiento", ha reivindicado Dávila.
Con esta decisión, "el Gobierno de España acaba de demostrar que no tenía ninguna intención de llegar a ningún acuerdo, nosotros habíamos solicitado una nueva reunión y ni siquiera nos había contestado", ha lamentado la consejera. "Ya sabemos la posición del Gobierno que es atacar una vez más a Madrid". Pero "nosotros vamos a seguir defendiendo que hay que proteger a los menores, que tienen derecho a una asistencia sanitaria física y mental adecuada".
La reforma de estas leyes ya provocó un bronco debate en la Asamblea de Madrid durante su aprobación cuando la diputada de Más Madrid, Carla Antonelli, llegó a tachar a la derecha de "terrorista" y le acusó de tener "machadas sus manos de sangre". En aquel momento la diputada popular, Mónica Lavín, encargada de defender las reformas, explicó en Libertad Digital la necesidad de estos cambios.
"No sólo no se quita ningún derecho a nadie, sino que la protección de todos se vuelve real, efectiva y plural. Además, eso es absurdo, los derechos nos los da la Constitución. Lo único que se eliminan son los privilegios injustificados de una oligarquía que tenía secuestrada la libertad de todos. No se patologiza a nadie, se descriminaliza la atención de los profesionales sanitarios y se protege el derecho de los menores a la salud mental. Ahora los menores y sus familias contarán con el acompañamiento y asesoramiento permanente de médicos y profesionales", explicó.
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