El requerimiento para que Pedro Sánchez se presente en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre los supuestos tratos de favor de la Universidad Complutense a su mujer, Begoña Gómez, va ya camino de la Moncloa. Tras la penúltima sesión, celebrada este miércoles, la Mesa de la comisión ha aprobado la citación del presidente del Gobierno.
Lo ha hecho con el voto a favor del PP y de Vox, en una reunión a la que han faltado Más Madrid y el PSOE, que a primera hora dieron la espantada como protesta por esta citación. No obstante, los populares están seguros de que Sánchez no acudirá a la comisión de investigación. Explican que la ley le permite rechazar este requerimiento al ser un alto cargo público de otra administración distinta a la autonómica. Así las cosas, han elaborado ya un plan B, como es la comparecencia de un sustituto, que ya han solicitado en dicha reunión.
Se trata de Gabriel Ramón Navarro Azpíroz, director de la Asesoría Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid, al objeto de informar sobre las presuntas irregularidades en la creación, financiación y funcionamiento de la cátedra de Transformación Social Competitiva y su Plataforma Tecnológica. También han solicitado la comparecencia de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y al exvicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperación de la UCM, Juan Carlos Doadrio.
Vox solicita un informe al Consejo de Estado
Esto ha supuesto un nuevo encontronazo con Vox, que ha acusado al Partido Popular de querer cerrar la comisión sin la declaración del presidente. Entiende el grupo capitaneado por Isabel Pérez Moñino que Sánchez si estaría obligado a acudir y, en este sentido, aluden a un antecedente ocurrido en la Comunidad Valenciana, donde los servicios jurídicos autonómicos dictaminaron, según aseguran, que cualquier ciudadano puede ser requerido para comparecer en una comisión de investigación, sin importar su cargo.
La portavoz de Vox en la comisión, Ana Cuartero, ha registrado un escrito de solicitud de informe al Consejo de Estado, para que se pronuncie sobre la obligatoriedad que tendría Pedro Sánchez de acudir a la Cámara autonómica. Entre los aspectos que este grupo parlamentario busca esclarecer se encuentran los siguientes: la competencia de la Asamblea de Madrid para solicitar la comparecencia de un ciudadano residente en la Comunidad de Madrid que, además, ostenta un alto cargo del Estado; los límites jurídicos de la citación cuando se solicita la comparecencia en calidad de particular -marido de Begoña Gómez- y no en función de su cargo de presidente del Gobierno; y las
consecuencias jurídicas de una negativa a comparecer en caso de que Pedro Sánchez alegue su posición institucional.
La diputada de Vox y portavoz en esta Comisión presiona también al PP para que ésta se prorrogue hasta que declaren los "testigos clave" del caso, como Juan Carlos Barrabés, el CEO de Indra, Luis Abril, y el propio presidente del Gobierno. Según sostiene Cuartero, el cierre de la comisión responde a "un plan de trabajo que no busca profundizar en los hechos". La semana pasada, desde Vox, se acusó al PP de Ayuso de haber dejado que "Génova" diseñe o ese plan de trabajo que cuenta, además, con "el visto bueno de Moncloa".