El Gobierno central y el Ayuntamiento de Madrid se acusan mutuamente de "dejación de funciones" en la gestión de las más de 500 personas sin hogar que pernoctan en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La falta de acuerdo entre administraciones ha desencadenado una crisis política que se arrastra desde hace meses, intensificada especialmente desde el pasado marzo cuando Aena amagó con desalojar a estas personas —una medida que fue calificada por el Ayuntamiento de "unilateral y precipitada"—, y que ahora amenaza con acabar en los tribunales.
Coincidiendo este lunes con una nueva reunión entre el Gobierno municipal, la Delegación del Gobierno y Aena para abordar la situación, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha acusado al Gobierno central de "intentar evadir su responsabilidad" como hace "habitualmente el delegado del Gobierno imputado" —en referencia a Francisco Martín—. Rodrigo ha insistido en que "no se puede admitir" que desde la Delegación del Gobierno, Aena o el propio Ejecutivo central se intente declarar culpable al Ayuntamiento o la Comunidad de Madrid en cuanto surge un problema con la intención de que se "lo solventen". "En este caso concreto la competencia es directamente de Aena, quien tiene que solventar esta problemática, sobre todo teniendo en cuenta que es una empresa pública, depende directamente del Ministerio de Transportes y del Gobierno Central", ha sentenciado.
Las tensiones se han vuelto aún más extremas desde que el pasado viernes Aena amenazase —esta vez— con recurrir a los tribunales para obligar al Ayuntamiento de Madrid a hacerse cargo de la situación de sinhogarismo que se vive en la T4, con los problemas derivados de insalubridad y falta de higiene que los últimos días han denunciado sus trabajadores: plagas de chinches, piojos y garrapatas que han obligado al cierre de mostradores y a fumigaciones urgentes, a pesar de que la aeroportuaria pública lo niegue.
El presidente de Aena, Maurici Lucena, advirtió así de su intención de acudir a la vía de lo contencioso-administrativo ante lo que él considera —de nuevo— una "dejación de funciones" por parte del Gobierno municipal. Por su parte, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, que esa misma mañana había instado al Ejecutivo central a dejar de "lavarse las manos", acusó a la aeroportuaria de "utilizar políticamente a las personas más vulnerables" y de llevar a cabo un "hostigamiento hacia las personas que viven o pernoctan en el aeropuerto".
Este lunes, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido al Ayuntamiento que "asuma su responsabilidad" ante la creciente presencia de personas sin hogar en el aeropuerto, que ha calificado como el "albergue municipal de la ciudad". Así ha instado al Consistorio a que reflexione sobre "cuál es su responsabilidad, cuál es la naturaleza del problema" y a dejar "de buscar excusas". "Lo importante es atender a estas personas y dar una solución digna porque una situación de sinhogarismo es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, también de la Comunidad de Madrid, y ambos deben afrontar esta responsabilidad", ha recalcado, eludiendo cualquier responsabilidad.
Por su parte, el PP ha recriminado al Gobierno central su falta de actuación, subrayando que "no ha hecho nada" para evitar que la situación se agrave. "¿Qué ha hecho Aena y qué ha hecho el Gobierno de España para mantener esas 500 personas allí? Cuando tienes un problema originario de 5, 10, 20, 30 personas, pero cuando tienes 500 con chinches, con mala seguridad, es porque no se ha hecho nada y se ha dejado que ese problema se vaya acrecentando sin buscar ningún tipo de alternativa ni ningún tipo de solución", han criticado desde el partido.
La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, también ha recurrido a la "dejación de funciones" al pedir al Ejecutivo "implicación" para alcanzar una solución en una situación que "no se puede transferir al Ayuntamiento" y ha criticado que "hasta cinco ministerios del Gobierno de España que deberían estar implicados" permanecen al margen, señalando entre ellos al Ministerio de Óscar Puente, al considerar que el aeropuerto es "una infraestructura especialmente crítica" de la que es responsable; al de Interior, en relación a todas las medidas "en materia de inmigración y derechos de asilo"; y al de Sanidad, al que ha acusado de falta de coordinación en la atención sanitaria de los ocupantes no autorizados (ONA).
En otra línea, Sanz ha aclarado que, desde el ámbito municipal, solo se puede actuar sobre aquellas personas que tienen "vinculación con la ciudad de Madrid" al informar sobre que el Ayuntamiento ha atendido a un total de 94 personas sin hogar de las que allí residen, algunas de las cuales ya han sido trasladadas a recursos municipales.