
Tras la citación el pasado 23 de mayo por primera vez de dos ex altos cargos de la Comunidad de Madrid como imputados por la gestión que se realizó en las residencia de ancianos en los meses de la pandemia de covid-19, se abre una segunda causa judicial en un juzgado de Leganés por la gestión de las residencias durante la primera ola de la pandemia contra varios ex altos cargos del Gobierno de Díaz Ayuso.
Según ha informado a EFE una de las querellantes, este segundo juzgado investiga a Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, ya imputados en la primera causa, y también al entonces director del SUMMA 112, Pablo Busca Ostalaza, y a la geriatra de enlace del Hospital Severo Ochoa. Según las mismas fuentes las declaraciones están previstas para el 17 de junio.
El mismo día testificarán Antonio Burgueño, nombrado en la segunda semana de marzo de 2020 como "asesor principal" de Ayuso para la lucha contra la pandemia; Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, uno de los principales grupos sanitarios privados de la Comunidad de Madrid, y las dos querellantes.
Este segundo procedimiento judicial del Juzgado 6 de Leganés no parte de una denuncia de la Fiscalía, sino de una querella presentada por familiares de residentes y, según ha explicado Marea de Residencias —uno de los querellantes—, ambas causas comparten el motivo de la denuncia: la comisión de un delito de denegación discriminatoria de asistencia sanitaria.
En el marco de dicho procedimiento, Marea de Residencias ha explicado que está prevista la declaración de varios testigos el próximo martes, 3 de junio; entre ellos Alberto Reyero, el consejero de Políticas Sociales durante la pandemia de coronavirus.
Esta causa se suma a la abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid que el pasado lunes 26 de mayo suspendió la declaración de los investigados Mur y Martínez Peromingo. Ambos están considerados autores de los protocolos que impidieron la derivación de ancianos de residencias a hospitales en los meses de marzo y abril de 2020, y Burgueño, responsable de elaborar el plan de choque anunciado por el Gobierno regional, que incluía la medicalización de las residencias.
Más de 60 causas archivadas o sobreseídas
A mediados del pasado mes de febrero eran más de 60 causas judiciales las que habían sido archivadas o sobreseídas en procedimientos judiciales relaciones con la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid, señalan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. A mediados de marzo, durante un pleno en la Asamblea, Ayuso dio a conocer otras dos sentencias favorables a su Ejecutivo de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

