El pasado mes de junio, un MENA marroquí se escapaba de un centro de menores en Canarias y quemaba viva a otra menor tutelada. Ambos estaban fugados y se refugiaban en un edificio okupado. El presidente canario lo englobó en un crimen de violencia machista.
Hace una semana, una menor era violada por un MENA que residía en un centro de acogida en Hortaleza y esta misma semana, otros dos menores extranjeros violaban a otra menor en Olot. En ambos casos la mayoría de medios omitían el origen del agresor y su situación como tutelado.
A finales del año pasado había 16.000 menores extranjeros no acompañados en España: Llegan desde Argelia, Senegal o Malí pero la mayoría (11.225) vienen de Marruecos. Muchos de ellos están de paso hacia otros países europeos o vienen buscando un futuro. El Gobierno asegura que sólo delinque una minoría. Sin embargo, las autoridades y el personal que trabaja en los centros alertan de que han detectado un "aumento de la conflictividad que se está dando, sobre todo, en las personas de origen magrebí".
La Guardia Urbana de Barcelona fija el 80% de los delitos en la Ciudad Condal en este segmento que responde además a un perfil muy concreto: Chavales problemáticos ya en su país de origen y que sus propias familias, muchas veces ,rechazan por esto. Es lo que en Marruecos se conoce como Tcharmil.
Tcharmil, una cultura urbana
"No buscan integrarse, ni adaptarse: Se agrupan, se refuerzan, como está ocurriendo en los países nórdicos", explica Saladhin. Él es marroquí de segunda generación. Su padre llegó a España con un contrato de trabajo, "cuando la vía legal era obligatoria y si no te enfrentabas a la deportación". "No había más niños musulmanes en el colegio así que la integración era casi natural. Aún así lo pasé mal hasta que tuve que decidir entre la cultura occidental y la musulmana, en contra de lo que quería mi familia".
Conoce bien las dos culturas. Los Tcharmil son "el producto de años de abandono y de una estructura familiar inestable. Poner el foco en un fallo en el sistema de integración es una batalla que ya viene perdida en un 70%" . Prácticamente, se han convertido en una moda, en una cultura urbana similar a las bandas latinas y "con una estética muy marcada con chándals y zapatillas con logos de marca y un corte de pelo característico".
Aquí entra en juego el choque cultural y el hecho de que "la sociedad occidental sea lo que Saladhin denomina "de alta confianza" algo que "no existe en países tercermundistas porque se relaciona con la debilidad: Ellos son musulmanes y el Islam es la verdadera religión. Occidente es para ellos una sociedad degenerada en la que el hombre no tiene una posición central".
El Tcharmil entiende la masculinidad a través de "el Rojola: Ser agresivo, impulsivo" y eso se traslada a la forma de interactuar, de comportarse en los centros y frente a la autoridad. Un comportamiento que se intensifica con las drogas.
Consumo de drogas y agresiones sexuales
"El consumo de sustancias como pegamento, hachís y alcohol es habitual desde la adolescencia ya desde Marruecos. No sólo alteran la conciencia, también anestesian el hambre, el miedo", asegura Saladhin. De hecho, las autoridades son conscientes de que cuando cometen delitos violentos, lo hacen bajo estas circunstancias.
También las agresiones sexuales son ejercidas como una forma de demostrar hombría y "del poco respeto que se tiene a la cultura occidental y a la mujer en particular".
El factor cultural influye en la percepción del sexo. "Sienten que es menos grave hacerle cosas a una blanca que a una marroquí. La mayor parte del porno que se consume en el mundo viene de productoras europeas y el sexo es tan tabú que acaban obsesionados. Sólo hace falta mirar un poco el internet marroquí: los chistes en las redes giran en torno al sexo casi siempre".
"El matrimonio y la virginidad en Marruecos es esencial, sino, no te casas. Si agreden a una mujer marroquí, le están quitando un futuro", añade Saladhin.
Fugas, apuñalamientos y tabaco "para apaciguar"
Pedro trata día a día con este perfil en el centro de MENAS en el que trabaja en Canarias; una de las Comunidades Autónomas más tensionadas que en la actualidad acoge 5.800 ilegales en centros saturados o improvisados.
"En estos momentos, hay 52 internos y dos fugados", relata Pedro: "En el centro está prohibido fumar y cuando los educadores pillaron a estos dos internos, les quitaron el móvil y la tablet, así que se fugaron".
Los Centros son de régimen abierto por lo que los usuarios pueden entrar y salir libremente con un horario establecido. Cuando la Policía encontró a estos dos fugados, les devolvió al centro. "Uno de ellos pidió el móvil, se duchó, cenó y se volvió a escapar. Así lleva 4 meses, desaparecido".
La mayoría de los menores tienen comunicación con sus familias en sus países de origen: "Tenemos el teléfono de sus padres", explica una educadora que prefiere no revelar su identidad. "Es necesario para conocer si tienen alergias o enfermedades". La tablet se la facilita el centro. "En muchas ocasiones es una manera de apaciguar ciertos comportamientos: Hay chavales que son muy agresivos y la única manera de intentar reconducir la situación es dándoles tabaco o cosas así".
"A veces incluso con los robos se hace la vista gorda —explica— porque no tenemos herramientas, no puedes enfrentarte a ellos directamente". De hecho, Pedro cuenta que al poco de empezar a trabajar en este centro, un menor intentó apuñalar a otra trabajadora: "Entró en la cocina, cogió un cuchillo y fue a clavárselo a la cocinera. Menos mal que estaba un compañero y le hizo un mataleón porque aquí no tenemos seguridad y los fines de semana estamos dos personas con chavales conflictivos, con antecedentes o con problemas mentales, que hay más de uno".
Sin seguridad en los centros para "no estigmatizar"
El Gobierno alega que estos grupos conflictivos y violentos "son minoritarios" así que, a pesar de la gravedad de las últimas agresiones, se niega a actualizar el protocolo de actuación de la Policía ante estos menores, tal y como han denunciado los sindicatos policiales. Necesitan medios materiales y herramientas legales porque le Ley del Menor reduce el margen de actuación.
El Ejecutivo, tampoco resuelve los expedientes de expulsión para los que delinquen o agreden de esta manera: 37 expedientes ha abierto la Comunidad de Madrid a los que en los próximos días se sumarán otros 9.
A esto hay que sumar, que las semanas previas a la agresión en el centro de Hortaleza, el Ministerio de Derechos Sociales, había calificado de "excesiva" la seguridad del centro alegando que suponía un estigma y que esas funciones las podían hacer los propios educadores.
Pedro se sorprende: "¡Pero si en mi centro no hay ni un trabajador social! Yo trabajo en mensajería, cogí este trabajo porque me dijo mi tía que echara el currículum".