El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha decretado el cese definitivo de la actividad del centro de refugiados del municipio —CREADE— tras desestimar las alegaciones presentadas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y confirmar sus sospechas: no tiene licencia, ni control, ni garantías. Pedro Sánchez pretendía trasladar allí a 400 menores extranjeros no acompañados.
La resolución ya ha sido comunicada a la ministra Elma Saiz, que dispone de un plazo máximo de cuatro meses para reubicar a los más de 400 residentes que, según el propio Ejecutivo, permanecen actualmente en las instalaciones. El Ayuntamiento subraya que este margen de tiempo "es el doble" de la media de estancia que reconoce el ministerio con el fin de "evitar el cierre inmediato".
Lo que sí queda prohibido de forma inmediata, aclaran desde Pozuelo, es la entrada de nuevos residentes al centro que nació como recurso temporal para refugiados ucranianos. "Su incumplimiento provocaría el mencionado cierre inmediato", advierte al Gobierno central.
La decisión municipal llega después de que el pasado 30 de julio se notificara al centro un cese temporal de actividad al constatar que "no disponía de la licencia de funcionamiento" exigida por la normativa urbanística. La propia documentación aportada por el Ministerio, recuerdan en el Ayuntamiento, pone de manifiesto que desde el 1 de julio se autorizaba la ocupación de hasta 564 plazas, pese a que el único permiso registrado en 2013 era para un centro de formación de la Seguridad Social "con auditorio y hospedaje con 150 habitaciones".
"Se trata de un uso residencial y que no cumple con el uso que se está dando actualmente de acogida en ese centro", denunció a finales de julio la alcaldesa, Paloma Tejero, quien reprochó al Ejecutivo de Pedro Sánchez haber tratado de instalar incluso a 400 menas en unas dependencias que no cumplen las condiciones mínimas "que garanticen el bienestar y la seguridad".
A ello se suma que, durante la inspección municipal realizada el 29 de julio, los técnicos no pudieron acceder a las instalaciones porque tanto la entidad gestora como el propio Ministerio "les negaron" la entrada.
El Ayuntamiento insiste en que el ministerio no ha respondido al motivo de fondo de la clausura: la falta de licencia. Además, subraya que, pese a haber tenido tiempo, no inició los trámites para solicitar un permiso acorde al uso real del complejo. "El Ejecutivo ha ignorado la posibilidad de iniciar los trámites para solicitar una nueva y adecuada licencia, para lo cual tuvo de plazo hasta finales de agosto", recalcan desde el Consistorio.
Fuentes ministeriales, por su parte, se han limitado a señalar que aún no han recibido una notificación oficial de la resolución, aunque, en caso de llegar, los servicios jurídicos analizarán la documentación "para decidir cómo proceder".