La presidenta de la Comunidad de Madrid anunció este lunes, durante un desayuno organizado por Nueva Economía Forum, que los condenados por delitos vinculados con la okupación, como pueden ser el allanamiento de morada o la usurpación de vivienda, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia.
"Vamos a seguir reforzando nuestra lucha contra la ocupación a pesar de tener unas competencias limitadas", adelantó Isabel Díaz Ayuso. El texto establecerá que cualquier persona condenada por sentencia firme por los delitos de allanamiento de morada o usurpación de vivienda no podrá beneficiarse de una vivienda protegida si se produjo en los cinco años anteriores a la solicitud, según informa la Comunidad de Madrid.
Ayuso se refirió también al nuevo Reglamento de Vivienda pública, que está en fase de tramitación y que el Gobierno regional madrileño tiene previsto aprobar en el mes de julio. La norma incluirá como novedad el requisito de acreditar empadronamiento en la Comunidad de Madrid durante un periodo mínimo de 10 años para acceder a una vivienda protegida.
"En el contexto actual en el que el Gobierno sigue protegiendo a okupas y a inquiokupas, la medida de Ayuso nos parece más que necesaria ", señalan a Libertad Digital desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, si bien advierten de "las limitaciones" de una comunidad autónoma. Aunque "empiezan a materializarse algunas consecuencias que podría evitar la reincidencia", subrayan positivos. Eso sí, desde la Plataforma apuntan al Gobierno, que es el competente, y exigen que "se empiecen a tomar medidas para evitar que este problema siga aumentando".
Estos días, además, este colectivo de afectados por la okupación está centrado en denunciar el decreto ómnibus que, entre otras medidas, contempla la prórroga del escudo social que afecta a los desahucios de okupas e inquiokupas. Así, junto a la revalorización de las pensiones o el bono social eléctrico se introduce una moratoria para ampliar hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos para las personas vulnerables y sin alternativa habitacional.
"El 27 de enero el Gobierno usará un decreto ómnibus para engañar al Congreso: mezcla subidas de pensiones y ayudas al transporte con protección a okupas e inquiokupas", alerta este colectivo que acusa al PSOE y sus socios de "legislar con chantaje y expropiar al que cumple". Y es que esta prórroga sería la séptima consecutiva sobre una medida "excepcional" que se tomó por la pandemia del Covid.
🔴 El 27 de enero el Gobierno usará un decreto ómnibus para engañar al Congreso: mezcla subidas de pensiones y ayudas al transporte con protección a #okupas e #inquiokupas.@PSOE @sumar @ehbildu eso no es solidaridad. Es legislar con chantaje y expropiar al q cumple.
— Plataforma Afectados Ocupación (@leyantiocupas) January 21, 2026
Hilo 🧵 va
"Prometieron que no afectaría a pequeños propietarios. Mintieron. El 93,4% de los propietarios son familias trabajadoras con una sola vivienda en alquiler. Muchas llevan 7–9 años sin su casa, pagando hipoteca, IBI y suministros…", recuerda la Plataforma de Afectados por la Ocupación. "Esto es violencia económica institucional".