La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada a la explotación sexual de mujeres en Madrid tras detener a un matrimonio que, durante más de una década, regentó un chalé donde obligaban a ejercer la prostitución a varias víctimas en condiciones de control permanente.
La operación denominada "Socavón" se inició a finales del pasado año después de que dos mujeres denunciaran que estaban siendo explotadas por esta red criminal. Las investigaciones han permitido liberar a ocho mujeres y detener, además del matrimonio, a otras cuatro personas implicadas en los hechos.
El inmueble, situado en una zona residencial del distrito de Ciudad Lineal, funcionaba las 24 horas del día. Según la Policía Nacional, en solo cuatro días de vigilancia se registraron más de 600 movimientos de entrada y salida.
En el sótano de la vivienda se encontraban dos habitaciones con apenas cuatro camas en literas para unas 15 mujeres, que convivían en condiciones de hacinamiento. La organización obtenía elevados beneficios económicos: hasta 6.000 euros en una sola mañana y cerca de dos millones de euros al año. Los responsables no residían en el chalé, aunque lo tenían alquilado y controlaban toda la actividad que se desarrollaba en su interior.
Normas estrictas y un sistema de sanciones
Las víctimas estaban sometidas a un sistema de normas estrictas que regulaba tanto su conducta como los servicios que debían ofrecer. En distintos puntos de la vivienda, especialmente en el sótano y las escaleras, había carteles con instrucciones obligatorias.
Entre las normas figuraban restricciones como la prohibición de sentarse sin ropa interior en determinadas zonas. El incumplimiento de estas reglas implicaba sanciones económicas de entre 20 y 30 euros, lo que aumentaba la deuda de las mujeres con la organización.
Además, el sótano disponía de una alarma sonora y luminosa que obligaba a las mujeres a interrumpir cualquier actividad y subir a la planta superior cuando llegaban clientes. Según la investigación, algunas de las víctimas eran obligadas a mantener relaciones sexuales con menores de unos 16 años.
La organización imponía un control económico sobre las víctimas, que debían entregar gran parte de los ingresos obtenidos. Paralelamente, se detectó la venta de sustancias estupefacientes en el interior del chalé. En algunos casos, las propias mujeres consumían estas drogas.
La red contactaba con mujeres extranjeras, en ocasiones en sus países de origen, a las que ofrecía una supuesta oportunidad para trasladarse a España. Este proceso generaba desde el inicio una deuda económica con los explotadores. Una vez en el país, las víctimas firmaban un contrato sin conocer sus condiciones reales. La organización utilizaba una página web donde publicaba fotografías y servicios sexuales, además de facilitar un número de contacto para concertar citas.