El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en la que exige revisar a fondo cómo se están autorizando grandes proyectos fotovoltaicos en la región. Lo hace solicitando una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a estas instalaciones.
En su escrito, Novillo traslada la "creciente preocupación del Ejecutivo autonómico ante las graves sospechas de prácticas corruptas en la concesión de estas declaraciones de impacto que estamos conociendo en las últimas fechas". La petición busca aclarar si los procedimientos, que dependen de la Administración General del Estado, se han llevado a cabo con el rigor técnico que se exige.
En el foco pone 53 proyectos aprobados en la región, que ocupan más de 10.000 hectáreas. Una cifra que, a juicio del Gobierno madrileño, obliga a extremar las garantías. Matiza Novillo que esto no significa que la Comunidad de Madrid no apoye la transición energética, sino que considera que "debe realizarse con criterios de equilibrio, rigor y adecuada ordenación del territorio".
Es en esta parte cuando el consejero menciona la necesidad de que este despliegue de renovables se haga garantizando la protección del medio ambiente y, sobre todo, de sectores esenciales como la agricultura. Así, advierte de los posibles impactos sobre suelos de alto valor productivo —especialmente olivares y viñedos—.
También alerta en la misiva de que "algunas de las DIA ya concedidas podrían presentar deficiencias relevantes en su tramitación", lo que no solo pondría en riesgo el entorno natural, sino también la seguridad jurídica de tales inversiones.
En cuanto al procedimiento con el que se han tramitado estos proyectos, sostiene Novillo que se habría alterado el orden lógico al conceder declaraciones de impacto antes de definir una planificación estratégica del territorio. "Resulta imprescindible corregir este modelo para evitar una ocupación desordenada del suelo", exige a la ministra.
Ante este escenario, Madrid pide un "análisis acumulativo" urgente que mida el impacto conjunto de estas macroplantas sobre biodiversidad, paisaje, suelo e infraestructuras. También reclama mayor peso para las Comunidades Autónomas, proponiendo que sus informes territoriales sean "vinculantes en proyectos cuya evaluación corresponde al Estado".
Según expone el Gobierno regional, el consejero también plantea al Ministerio dirigido por Aagesen revisar el reparto de competencias para que las Autonomías puedan asumir la autorización de todas las instalaciones fotovoltaicas, incluidas las de mayor tamaño —más de 50 megavatios—, por ser precisamente las que generan un mayor impacto en territorios como el madrileño.
En paralelo, la Comunidad defiende al final del escrito que ha activado un Plan de Protección del Paisaje que limita estas instalaciones al 4% del territorio y prioriza su ubicación en espacios ya transformados, como cubiertas o zonas de baja productividad. Según dicen, su objetivo es evitar la presión sobre el paisaje, así como sobre áreas agrícolas y espacios de alto valor cultural.